
Ecuador vive su año más violento desde 2014. Entre enero y septiembre de 2025 se registraron 6 797 homicidios intencionales, 36% más que en el mismo periodo del 2024. El país está a punto de igualar las 6 964 muertes violentas con las que cerró el año pasado y que lo ubicaron como el segundo más violento del mundo, solo detrás de Trinidad y Tobago. La tasa nacional de homicidios es de 37,5 por cada 100 000 habitantes, un nivel crítico que evidencia la persistencia del crimen.
Uno de los indicadores que muestra el nivel de violencia son las tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes. En el caso de Ecuador, las más altas del país siguen en la Costa:
El aumento de muertes violentas en los primeros nueve meses con relación al mismo periodo del 2024 es significativo: En Los Ríos, los homicidios se incrementaron 77% frente a 2024. Babahoyo, la capital provincial, y otros dos cantones concentran la violencia: Puebloviejo y Quinsaloma.
En Manabí, el incremento es del 75%; en El Oro, 69%; y en Guayas, 58%, en donde aún sobresale el cantón Durán, entre los más violentos. Estas cuatro provincias del Litoral concentran el 81,5% de los crímenes registrados en los nueve meses.
De las 12 provincias de la Sierra y Amazonía, que también están bajo estado de excepción, el 71,5% de homicidios se concentra en Pichincha, Santo Domingo, Orellana y Sucumbíos. En estas cuatro provincias, el control territorial se ha vuelto cada vez más complejo. A nivel cantonal, Quito encabeza la lista, seguido por Orellana, La Troncal y Shushufindi. Las tasas de homicidios más altas están en Orellana (46 por cada 100 mil habitantes) y Sucumbíos (43)
Adicionalmente salta a la vista un incremento de muertes en provincias, donde el nivel de violencia era bajo. Por ejemplo, en Pastaza, los asesinatos pasaron de dos a diez; en Cotopaxi, de 15 a 29. En provincias como Santo Domingo, la violencia se ha recrudecido: los crímenes escalaron de 45 a 108.
Solo Azuay y Cañar muestran reducciones, aunque en este mes de octubre Azuay volvió a reportar crímenes que alteraron la tendencia.
Entre 2017 y 2023, durante los gobiernos de los expresidentes Lenin Moreno y Guillermo Lasso se recurrieron a los estados de excepción 43 veces. La Corte Constitucional exhorta al Ejecutivo a limitar el uso de esta figura, pero el presidente Daniel Noboa, desde noviembre del 2023 ha decretado por lo menos 16 estados de excepción. Sin embargo, la cantidad de homicidios sigue en ascenso. Si esta tendencia se mantiene, el Observatorio de Crimen Organizado proyecta que este 2025 cerraría con una tasa estimada nacional de 52 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Gonzalo González, profesor de la UDLA, Florencio Delgado, director del Centro de Investigaciones Socioculturales de la USFQ, y el exsecretario de Seguridad Pública, Wagner Bravo, coinciden en que la medida se convirtió en una herramienta recurrente, pero insuficiente.
Delgado enfatiza que la idea de que militarizando el país se va a tener paz es totalmente contradictoria. Esta visión “no ha funcionado en ningún lugar del mundo, salvo en regímenes totalitarios”. Para Bravo, el crimen organizado se desplazó hacia nuevas zonas, como Pastaza y Santo Domingo, por el llamado ‘efecto globo’. Los delincuentes buscan otros refugios conocidos como ‘santuario’ para ejercer presión.
Además, las rutas del narcotráfico se han diversificado. Ya no solo pasan por Esmeraldas, sino también por la Amazonía, conectando con Perú y Chile. Pastaza y, específicamente, Puyo se están convirtiendo en centros de concentración de droga”, alerta Bravo.
Para el Observatorio hay un dinamismo geográfico de la criminalidad. Si bien la concentración de homicidios se sitúa en Guayas, los incrementos en la Amazonía muestran posibles desplazamientos asociados a la diversificación de mercados ilícitos como la minería ilegal.
También observa una concentración asociada a la relevancia geográfica de puntos estratégicos como fronteras y puertos que delimitan las dinámicas criminales y los enfrentamientos por el control territorial. De ahí la relevancia de Sucumbíos, El Oro, Guayas, y Manabí.
Las voces consultadas coinciden en que se necesita un enfoque integral, más allá de la militarización.
La conclusión: sin políticas integrales, el estado de excepción seguirá siendo un parche temporal frente a una crisis estructural.