En la Unidad Judicial Laboral de Quito trabajan 12 jueces. En lo que va del año ya han atendido cerca de 6 000 casos. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO.
El estilo de vida de Gabriela y su pareja cambió de la noche a la mañana. Dejaron de hacer compras en el supermercado, de comer en centros comerciales los fines de semana o de gastar en bienes suntuarios. La joven, de 32 años, perdió su trabajo a finales de julio y desde entonces no ha logrado hallar un nuevo empleo.
Su salida de una empresa pública fue intempestiva. “Por austeridad debemos prescindir de sus servicios”, le dijeron en Recursos Humanos.
Basada en el art. 195.1 del Código de Trabajo, en agosto presentó la demanda por despido ineficaz (debido a su estado de gestación), pero dos meses después, el juzgado falló en su contra “por falta de pruebas”.
Eso fue lo de menos, relata Gabriela. La joven tuvo un sangrado irregular y perdió a su bebé. El impacto de la noticia, el trajín en los juzgados y las deudas provocaron los problemas en su embarazo.
A Cristian también le notificaron a finales de septiembre que ya no contarían con sus servicios. Estuvo seis años en una compañía de seguridad y ahora pelea en los juzgados por una indemnización. Ganaba USD 500 por 12 horas de trabajo en un conjunto privado.
Ese mes (noviembre), el INEC reportó que 419 173 personas estaban desempleadas en el país. Es decir, 93 677 más que las registradas en septiembre del 2015.
Las unidades judiciales de lo laboral que operan a escala nacional reciben, en promedio, 63 demandas diarias en contra de empleadores, según datos del Consejo de la Judicatura (CJ). Pichincha encabeza la lista con más casos.
En todo el 2015, en cambio, se tramitaron 65 causas cada día.
El 80% de las quejas que llegan a la única Unidad Laboral de Quito es por despidos intempestivos. Este dato lo confirmó el juez Richard Buenaño, a quien el CJ lo delegó para hablar con EL COMERCIO.
Una razón es la situación económica. “El empleador no tiene los recursos suficientes para mantener a un trabajador o el negocio no cubre las expectativas, entonces se termina por el lado más débil, que es el vínculo laboral”, dice el juez.
Pero hay quienes evitan los litigios y solucionan los conflictos a través de los centros de mediación. En el Colegio de Abogados de Pichincha funciona uno de estos espacios.
Édgar Andrade dirige la oficina. Allí han evidenciado un aumento de casos en los 11 meses de este año. Entre enero y el 11 de noviembre resolvieron 103 casos por conflictos laborales, en comparación con los 76 tramitados en todo el 2015.
Quito ocupa el primer lugar de desempleo del país, según el INEC. Hasta septiembre pasado se reportaron 79 329 personas sin trabajo en la capital.
A Miguel, por ejemplo, un mesero de 35 años, lo despidieron hace un mes porque las ventas bajaron en un local de comida ubicado en el norte de la ciudad. Pasaron de despachar 75 almuerzos al día a 50.
Lo mismo ocurrió con Mercedes, ama de casa de 47 años. Tuvo que salir de la casa donde trabajó desde el 2011, porque sus jefes ya no pudieron pagarle los USD 366 y otros beneficios. Desde julio pasado no tiene ingresos fijos.
Hallar un trabajo en la capital toma, en promedio, hasta ocho meses, según la Bolsa de Empleo de la Agencia de Promoción Económica del Municipio ConQuito. El año pasado, ese tiempo era de hasta seis meses.
Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, señala que la recesión económica que enfrenta el país incide inevitablemente en las demandas a los patronos.
Este Diario solicitó por escrito, vía correo electrónico, una entrevista con el Ministerio de Trabajo para conocer este fenómeno, pero no hubo respuesta. Sin embargo, el Gobierno asegura que Ecuador tiene una de las tasas más bajas (5,2%) de desempleo de la región, solo superado por México (3,2%). Las cifras más altas de desempleados están en Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay y Perú, con tasas de entre el 7,1% y el 11%.
Leonardo Berrezueta, ministro de Trabajo, también dijo el mes pasado que la tasa se mantiene estable en el país, pese a la caída del petróleo y la devaluación de las monedas de los países vecinos. Y aseguró que los datos reflejan “una muestra clara de recuperación”.
La Defensoría Pública conoce de cerca este fenómeno. Entre enero y octubre de este año, esa dependencia ha asesorado gratuitamente a 13 112 personas en el país. La mayoría de quejas está relacionada con despidos intempestivos, el no pago de liquidaciones, vistos buenos, entre otros.
En el 2015, en cambio, atendieron otras 23 138 demandas. Desde ese año, los juicios laborales se convirtieron en la segunda materia no penal con mayor demanda después de los litigios de la familia.
Según el Código de Trabajo, los empresarios que incurren en despidos intempestivos deben pagar indemnizaciones equivalentes a tres salarios si el empleado no supera los tres años de contrato. Desde el cuarto año sube un sueldo más.
Júnior es otro afectado. En agosto perdió su empleo. Han pasado dos meses de eso y aún no recibe el sueldo de julio ni la liquidación porque la empresa se declaró en bancarrota.
Actualmente, un juicio laboral puede extenderse entre dos y tres meses porque el Cogep, una nueva ley en vigencia desde mayo, redujo los tiempos. Antes, tardaban hasta siete meses, según el juez Buenaño.