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Una jueza de Ecuador ordenó este sábado 14 de noviembre de 2026 la prohibición de salida del país de Renán A., exjuez de la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.
Él es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La decisión judicial incluye vigilancia electrónica y presentaciones periódicas ante una autoridad competente.
Durante la audiencia, la Fiscalía General del Estado solicitó prisión preventiva contra el exmagistrado. Sin embargo, la jueza rechazó ese pedido y dispuso medidas cautelares alternativas mientras continúa el proceso penal por un supuesto incremento patrimonial injustificado.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito comenzó el 24 de julio de 2025. Empezó después de que la Contraloría General del Estado remitiera a la Fiscalía un informe con indicios de responsabilidad penal sobre el patrimonio del funcionario judicial.
Según el documento, Renán A. habría registrado un incremento patrimonial sin justificación de 407 101 dólares. A esta cifra se suman pagos de deudas de tarjetas de crédito por 175 820 dólares. Él origen tampoco habría sido sustentado ante los organismos de control.
Los movimientos económicos investigados corresponden al período comprendido entre 2020 y el 21 de febrero de 2025. En este periodo, el abogado ejerció funciones como defensor público y posteriormente como juez.
La Fiscalía busca determinar si los ingresos y operaciones financieras del exmagistrado guardan relación con sus actividades profesionales y fuentes de financiamiento declaradas. Las cifras señaladas forman parte de una investigación penal y todavía no constituyen una responsabilidad judicialmente demostrada.
Renán A., quien actualmente ejerce funciones en una unidad penal, ha rechazado las acusaciones de enriquecimiento ilícito. En octubre de 2026, cuando la Fiscalía registró su domicilio con el propósito de detenerlo, aseguró que la investigación contenía errores que, según su versión, habían sido reconocidos por el Ministerio Público.
El exjuez también cuestionó el momento en que se reactivó el proceso penal. Según manifestó, la investigación retomó impulso el 25 de septiembre, después de que presentó, junto con otra magistrada, una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional.
La acción judicial estaba relacionada con la decisión del Consejo de la Judicatura de eliminar, a inicios de septiembre, la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, organismo al que ambos jueces pertenecían.
En una carta pública dirigida al presidente Daniel Noboa y al ministro del Interior, John Reimberg, el magistrado sostuvo que las actuaciones en su contra podrían responder a represalias por cuestionar la desaparición de esta unidad judicial.
“Son retaliaciones, quizás, por mi desacuerdo con la supresión de la Unidad Especializada. Estoy presto a renunciar, solo quiero que dejen de perseguirme”, expresó el exjuez.
Estas declaraciones corresponden a la posición del investigado y no implican que se haya demostrado una relación entre el proceso penal y sus cuestionamientos al Consejo de la Judicatura.
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