Fiscalía solicitó prisión preventiva para el juez de Portoviejo, Banny Molina. El 8 de agosto de 2022 se conoció que el magistrado otorgó un hábeas corpus y ordenó la libertad de tres personas, entre ellas, al exvicepresidente Jorge Glas y Daniel Salcedo. Ambas personas están sentenciadas por actos de corrupción.
Tras dictar esos fallos judiciales, el Consejo de la Judicatura (CJ) presentó una denuncia contra el juez Molina por el presunto delito de usurpación y simulación de funciones. De hecho, el pasado 9 de agosto, la Fiscalía abrió una investigación previa por ese delito.
Además, este magistrado tiene otro proceso penal en su contra. Está llamado a juicio por presunto prevaricato. Precisamente dentro de esta causa judicial, la entidad investigadora solicitó la prisión preventiva.
La audiencia de revisión de medidas se realizó en Manabí, este lunes 15 de agosto de 2022. Sin embargo, no se aceptó el pedido de Fiscalía. Se dispuso arresto domiciliario y uso de grillete electrónico. Según la Fiscalía, se solicitó la prisión contra Molina porque existe “peligro de fuga y riesgo procesal”.
Proceso por prevaricato
El juez Molina está acusado actualmente de presunto prevaricato. El 5 de mayo, el presidente de la Corte Provincial de Manabí, Carlos Zambrano, dictó sobreseimiento a favor de Molina por ese delito. Es decir que levantó los cargos penales en su contra, pues aseguró que no existen suficientes evidencias para demostrar su responsabilidad en esa infracción penal.
Sin embargo, la Fiscalía y la Judicatura apelaron esa resolución. El 5 de agosto, un Tribunal Penal de la Corte Provincial de Manabí revocó el sobreseimiento y llamó a juicio a Molina por prevaricato.
Ese presunto ilícito se habría perpetrado en diciembre de 2018. Según Fiscalía, “el juez habría ordenado que una persona sentenciada a dos años por peculado cumpla la totalidad de su pena privativa de libertad en su domicilio (arresto domiciliario), sin que se cumplan las condiciones necesarias para otorgar ese beneficio”.
El prevaricato de los jueces es un delito tipificado en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este ilícito se sanciona de tres a cinco años de cárcel.
Proceso por usurpación de funciones
Al estar llamado a juicio por supuesto prevaricato, la jurisdicción del juez Molina se suspendió. Así lo establece el artículo 153 numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Según la Judicatura, pese a estar suspendido, el magistrado emitió las tres órdenes de excarcelación, una de ellas fue la de Jorge Glas. Esas boletas aún no se efectivizan, pues el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad (SNAI) solicitó al CJ verificar la validez de esos documentos.
Por esa razón, el juez es investigado por presunta usurpación y simulación de funciones.
