El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (Snai) presentó un pedido de apelación y nulidad a la orden de libertad y al hábeas corpus otorgado al exvicepresidente Jorge Glas, Daniel Salcedo y otra persona más, que está sentenciada por asesinato.
Esa entidad dio a conocer que ambas solicitudes se presentaron este miércoles 10 de agosto del 2022. “Dentro del tiempo legal establecido se interpuso el recurso de apelación y nulidad de la sentencia emitida por el juez Banny Molina”.
El 8 de agosto del 2022 se conoció que ese magistrado de Portoviejo otorgó un hábeas corpus y ordenó la inmediata liberación de las tres personas privadas de la libertad, entre ellas, el exvicepresidente correísta.
Los recursos de apelación y nulidad tienen como objetivo dejar sin efecto la resolución del juez Molina y que se inadmita la acción del hábeas corpus. Según el Snai, se debe declarar nulo todo lo actuado por el magistrado, pues considera que se dio un uso “abusivo” de ese recurso constitucional.
Esa entidad también dijo que se solicitó a la Corte Provincial de Pichincha que “ponga en conocimiento del área disciplinaria del Consejo de la Judicatura todos los vicios e irregularidades encontradas” en el otorgamiento de estos hábeas corpus, para que “se declare el dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable” en contra del magistrado Molina.
Además, el Snai dijo que Glas seguirá en prisión mientras que la Judicatura no certifique la validez de las boletas de excarcelación. “Se espera el mencionado pronunciamiento sobre la validez y también se esperan los lineamientos bajo los cuales esta Institución deberá actuar”.
Se tomó esa decisión porque se detectaron “varias inconsistencias” en esos documentos. “El 8 de agosto de 2022, se emite una nueva boleta de excarcelación a favor de Jorge Glas cuyo formato, sellos y demás características propias del documento, difieren completamente del documento inicialmente emitido por el juzgador”, señaló la entidad.
En cambio, la defensa de Glas sostiene que la boleta de excarcelación es una orden judicial y por lo tanto las autoridades deben acatarla. El abogado señaló que el Ejecutivo no puede interferir en la Función Judicial.
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