José Julio Neira explicó por qué la UAFE no detectó el caso de alias ‘Marino’

José Julio Neira explicó los alcances y límites de la UAFE en el caso de alias 'Marino' y el rol de otros actores del sistema antilavado.

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En una entrevista para Radio Centro, el director general encargado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Julio Neira, expuso los avances de la institución en la detección y reporte de lavado de activos, así como los cambios operativos impulsados desde 2024 y el tema de alias ‘Marino’ el pasado jueves 15 de enero de 2026.

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Neira explicó que la UAFE reportó 1 577 millones de dólares en operaciones inusuales durante 2025, triplicando los montos de 2024.

Aseguró que el incremento responde al fortalecimiento técnico de la entidad desde mayo de 2024, cuando asumió el encargo. Señaló el aporte de cooperación internacional proveniente de Estados Unidos, Italia y organismos multilaterales, que financian asesoría técnica y capacitación especializada.

El funcionario calificó este rendimiento como parte de la política gubernamental que coloca la lucha contra el lavado de activos como prioridad.

El trabajo de la UAFE en el caso de alias ‘Marino’, según José Julio Neira

El director recordó que la UAFE inició el periodo con personal comprometido en hechos ilícitos y detalló que la depuración interna derivó incluso en una condena por lavado.

Explicó que la entrada en vigencia de la nueva Ley de Lavado de Activos de julio de 2025 amplió atribuciones para investigar, sancionar y congelar fondos vinculados a transacciones irregulares.

Esa normativa sustenta la puesta en marcha de la primera política pública antilavado y del Comité Nacional Conclaft, operativo desde enero de 2026.

Cómo opera la detección: etapas del lavado y responsabilidad compartida

Para Neira, la prevención se sostiene sobre la identificación de señales de riesgo en tres etapas: colocación, estratificación e integración.

Añadió que la UAFE depende de alertas enviadas por entidades reguladas y que el sistema incluye bancos, cooperativas, empresas supervisadas y actores notariales y registrales.

Declaró que el desafío consiste en mejorar la calidad y volumen de alertas que emiten los sujetos obligados, incluidos sectores estratégicos que serán incorporados en 2026. Agregó que la metodología de priorización de reportes sigue estándares de Gafilat, Banco Mundial y multilaterales.

Congelamiento de activos, sanciones y procesos judiciales

Neira recordó que el congelamiento de fondos ahora es posible por vía administrativa cuando existe sospecha fundada.

Estos recursos quedan inmovilizados en cuentas controladas por el Banco Central hasta que los jueces resuelvan las causas y, eventualmente, se aplique extinción de dominio. Aclaró que las cifras recuperadas informadas en 2025 corresponden a sanciones administrativas por incumplimientos y no a procesos judiciales sobre bienes incautados.

Señaló que la UAFE forma parte del Sistema Nacional de Inteligencia y que la nueva ley otorga herramientas más amplias para imponer multas y exigir debida diligencia.

Ampliación de sujetos obligados y articulación del sistema de control

El funcionario indicó que el número de entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas creció de 53 en 2018 a más de 20.000 en 2025.

Anticipó que en el primer trimestre de 2026 se incluirá a todos los proveedores del sector estratégico.

Reconoció que el incremento no viene acompañado de igual expansión operativa, pero afirmó que la red antilavado involucra organismos como Superintendencias, SRI, Aduanas y Sercop, con los que se coordinará para asumir control y seguimiento.

Impacto territorial y estudios estratégicos

Neira resaltó la elaboración de 17 estudios analíticos que mapean riesgos por provincia, tipologías vinculadas a corrupción y zonas asociadas al financiamiento de delitos.

Explicó que este trabajo usa patrones transaccionales y análisis de redes para identificar puntos críticos en fronteras, puertos y zonas urbanas.

Estos insumos, afirmó, sustentan la Evaluación Nacional de Riesgos y permiten orientar a instituciones de seguridad y control, en un contexto de operaciones armadas en Guayaquil y puertos marítimos.

Denuncias y casos bajo investigación

Durante la conversación, el director se refirió al financiamiento político presuntamente vinculado a Pdvsa Ecuador y aseguró que la UAFE trasladó la denuncia a Fiscalía a través de la Secretaría de Integridad Pública.

Señaló que el gobierno participa como acusador particular en procesos de lavado y que mantiene seguimiento institucional a los casos judicializados.

Limitaciones del sistema en la UAFE reveladas por el caso de alias ‘Marino’, explica José Julio Neira

Neira sostuvo que la adjudicación estatal vinculada con alias ‘Marino’ se produjo en 2023, antes del actual Gobierno.

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Indicó que la UAFE depende de alertas emitidas por notarios, registradores de la propiedad y demás sujetos obligados para activar un reporte de operación inusual.

Señaló que esas alertas no llegaron en este caso y que la responsabilidad preventiva recae en toda la red que conforma el sistema antilavado.

Metas al cierre del periodo y rol institucional

Neira sostuvo que la eliminación total del lavado de activos no es viable para ningún país, pero afirmó que la meta del gobierno es consolidar prevención, control y detección en toda la red estatal.

Expuso como compromiso alcanzar un sistema articulado antes de diciembre del 2026 y continuar aumentando la eficacia de reportes, controles y sanciones. Concluyó que trabaja bajo mandato directo del Ejecutivo y que continuará con ese objetivo.

Información extra: Julio José Neira

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