La estrategia política de Carondelet fue alterada súbitamente por una reforma legal. Anteanoche, en el Palacio de Gobierno se hilvanaba un plan para echar abajo a la Asamblea, precisamente por la forma cómo legisladores del oficialista Alianza País habían tratado el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica de Servicio Público.
La fórmula de la muerte cruzada (disolución de la Asamblea y posterior convocatoria a elecciones de legisladores y Mandatario) debía ser anunciada por el Régimen este fin de semana, pero precisamente una de sus decisiones -la derogatoria de beneficios económicos a los años de servicio de policías y militares- se convirtió en su cortapisa.La mañana de ayer, el país amaneció con la noticia de la paralización de los policías. En el Regimiento Quito 1 (responsable de la seguridad de la capital) los uniformados encendieron neumáticos y desconocieron al comandante de la Policía, Freddy Martínez. Exigían no solo la derogatoria de la Ley de Servicio Público sino también el cumplimiento de la homologación salarial para capitanes, mayores, pero especialmente para suboficiales primeros y suboficiales mayores, estos últimos, los más antiguos del personal de tropa.
La Ley que insubordinó a los policías señala: “Se prohíbe de manera expresa la entrega de bonos o reconocimientos económicos, por ascensos, a todas las instituciones (…) o estímulos económicos por cumplimiento de años de servicio”.
“También se derogan aquellas que reconocen la entrega de medallas, botones, anillos, canastas navideñas y otros beneficios (…)”. Pero “se faculta la entrega de condecoraciones o medallas en el sector público, cuyos costos máximos serán regulados a través de las normas que para el efecto expida el Ministerio de Relaciones Laborales”.
Esto último, según el Ejecutivo, significa que no se suspenden las condecoraciones. Con este mensaje llegó ayer el presidente Rafael Correa al Regimiento Quito 1.
Cerca de las 10:00, el Mandatario se abrió paso con muletas. Recién la semana pasada fue dado de alta tras una operación en su rodilla derecha. Llegó acompañado por el ministro del Interior, Gustavo Jalkh, y por su escolta. Enseguida fue rodeado por los policías manifestantes.
Desde una ventana y con micrófono en mano, Correa habló, pero los manifestantes no dejaban de reclamar. El Presidente se tironeó la corbata y repitió: “Aquí estoy; si quieren, mátenme”. Tras unos siete minutos de intervención, Correa volvió a aflojarse la corbata y en forma efusiva insistió: “Si quieren matar al Presidente, aquí estoy”.
Esas expresiones exacerbaron a los protestantes. “Ya nos quitaron los juguetes y caramelos que daban a nuestros hijos en Navidad”. “No nos dotan los uniformes, como antes, ahora nos toca comprar”. “Ahora nos quitan los bonos por ascensos y condecoraciones”. Después de unos 15 minutos sin poder salir del cuartel policial, la escolta intentó abrirse camino.
El Presidente fue forzado a caminar 300 metros. Sus guardaespaldas trataban de llevarlo hasta un helipuerto del Regimiento, adecuado en el costado oeste del recinto. Pero hubo empujones y el ambiente se saturó de gas lacrimógeno. Allí se produjo un cruce de puños entre los escoltas y los uniformados. El Mandatario fue ultrajado.
Fueron momentos tensos. Al Presidente se lo vio agotado y con su rostro desencajado, cada vez que se retiraba la máscara antigases que le habían entregado. Con desesperación, la guardia presidencial logró llevarlo al Hospital de la Policía. Ante un leve desmayo, Correa fue ingresado a la casa de salud, de donde no pudo salir. La estrategia del Régimen, entonces, fue echar mano de FF.AA. Decretó estado de excepción por 5 días, para que militares puedan disuadir a quien atente contra el Estado.