Informe CIDH: La corrupción facilita el ingreso de armas y drogas a las cárceles

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de tres meses de su visita a Ecuador, determinó que existen principalmente seis factores que ahondan la crisis carcelaria en el país.  

Estos seis factores son:  

• El debilitamiento de la institucionalidad del sistema carcelario y los actos de corrupción. 
• El catálogo de delitos, establecidos en el Código Integral Penal, que privilegia el encarcelamiento.  
• El aumento de penas por delitos de drogas.  
• El uso excesivo de la prisión preventiva, pues esto provoca un aumento del hacinamiento carcelario. 
• Los obstáculos legales y administrativos para conceder beneficios penitenciarios e indultos. 
• Las deplorables condiciones en las que viven los privados de libertad como falta de atención médica, alimentación inadecuada, obstáculos para acceder al agua, infraestructura deficiente, etc.  

Estas conclusiones se establecieron en un informe de 102 páginas elaborado por la CIDH. Ese documento es el resultado de la visita que realizaron los representantes de ese organismo internacional luego de las masacres registradas en Guayaquil y otras cárceles del país. En esos actos de violencia, 316 personas privadas de la libertad murieron. 

El fenómeno de corrupción 

En el informe se establece que una causa del debilitamiento y mal funcionamiento del sistema carcelario es la corrupción. “La CIDH observa que sin una institucionalidad fuerte o frente a una falta de gestión adecuada, se generan espacios para la corrupción”. 

Según ese organismo, las autoridades ecuatorianas “reconocieron la magnitud de la problemática”, e indicaron “que la corrupción ha facilitado el ingreso a los centros de privación de libertad de drogas, armas corto punzantes, armas de fuego de corto y largo alcance, e incluso explosivos”. 

Al visitar las prisiones, los miembros de la CIDH también conocieron que, en las administraciones anteriores, los reos “eran clasificados en función de cuánto dinero pagaban a quien controla el centro penitenciario” y no en base al delito cometido o nivel de peligrosidad. 

Organizaciones de la sociedad civil informaron a la delegación internacional que para que los presos fueran colocados en regímenes de mínima seguridad, en lugar de mediana, las familias tenían que pagar aproximadamente USD 500. 

Se evidenciaron también prácticas ilegales en los economatos dentro de las cárceles. Estos sitios venden comida o artículos de higiene a los detenidos. A los familiares de los reos les han cobrado por ingresar artículos de primera necesidad.  

Incluso, los internos han tenido que pagar cuotas, para tener acceso a diferentes servicios, incluyendo el espacio para dormir, el uso de teléfono e Internet.