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¿A quién no se le ha cruzado por la cabeza tener un arma? Desde abril del 2023 que volvió a ser posible traerla legalmente de afuera, quienes más han buscado la autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas son personas naturales. 258 lo hicieron. No fueron empresas. Son personas, cada una con su cédula, que importaron un revólver o una pistola.
Y casi todas lo hicieron una sola vez. De esas 258, 143 aparecen en una única operación. Compraron el arma afuera, la trajeron y no volvieron a figurar. Pero este mercado está hoy en pausa. En marzo de 2026, el Gobierno suspendió nuevas importaciones de armas y la medida sigue vigente siete meses después.
Lo que sigue es el retrato de los tres años en que estuvo abierto. Son los datos de importaciones del Banco Central que EL COMERCIO analizó, de enero de 2023 a agosto de 2026: 44 meses, 1 750 operaciones de importación y 339 importadores distintos.
De esas 1 750 operaciones, 966 son de pistolas y revólveres, el 55% del total. Les siguen 355 de escopetas y rifles, 186 de partes y accesorios, 97 del capítulo arancelario de armas de guerra, 73 de municiones y 73 de armas de aire comprimido.
En pistolas y revólveres, las empresas importadoras fueron 41 y las entidades del Estado, tres. Todo lo demás son individuos. La proporción es la que sorprende. En 2023, el primer año sin la prohibición, 110 de 112 importadores de pistolas fueron personas naturales: 98%. Hoy siguen siendo casi ocho de cada 10.
El 1 de abril de 2023, el Decreto Ejecutivo 707 eliminó la prohibición de importar y de portar armas de fuego. Tres meses antes, el impuesto a su comercialización había bajado del 300% al 30%.
El efecto llegó al año siguiente. Las importaciones de pistolas y revólveres pasaron de 190 mil dólares en 2023 a 3,3 millones en 2024: diecisiete veces más. Fueron 2,3 millones en 2025 y 1,8 millones entre enero y agosto de 2026.
Saber quién trae esas armas no es un detalle administrativo: define qué clase de mercado se abrió.
Si quienes importaran fueran empresas, lo que habría detrás es una cadena de abastecimiento. Unas cuantas compañías traen al por mayor y después revenden dentro del país, con facturas de por medio y un rastro que el Estado puede seguir de un eslabón al siguiente.
Pero lo que muestran los datos es otra cosa. La mayoría de las armas cortas que entran al Ecuador las trae un particular. Son cientos de operaciones pequeñas, cada una con su propio permiso, su propio dueño y su propio destino. Este segundo escenario es más difícil de vigilar, porque no hay un intermediario al que pedirle cuentas: hay expedientes individuales.
Y el arma que llega por esa vía es la misma que domina la violencia del país. La pistola semiautomática es, al mismo tiempo, la que más se importa con permiso y la que más incauta la Policía, como mostró la primera entrega que publicó EL COMERCIO.
De las 966 compras de pistolas y revólveres, 810 corresponden a un solo tipo de arma: la pistola semiautomática. Los revólveres quedaron en 153. Las otras tres están registradas en la subpartida “Las demás” y “pistolas con cañón múltiple”.
Tres países venden casi todo, y cada uno lo hace de una manera distinta.
Brasil es el primero, con 324 operaciones: un tercio de todas las importaciones de armas cortas. Pero no las reparte. Esas 324 operaciones se concentran en apenas 34 compradores ecuatorianos, a un promedio de 9,5 importaciones cada uno. Y 29 de esos 34 compradores no son empresas: son personas naturales que importan una y otra vez.
Turquía vende al menudeo. Sus 288 operaciones, el 29,8% del total, se reparten entre 104 compradores distintos, a 2,8 importaciones cada uno. República Checa funciona igual: 190 operaciones entre 100 compradores, a 1,9 cada uno. E Italia llega a 72 operaciones repartidas entre 60 compradores, es decir, casi una por persona.
Dentro de ese grupo pequeño que compra en Brasil hay algo que se repite. Tres grupos de dos y tres personas que comparten los dos apellidos -el patrón de hermanos o parientes directos- suman entre todas 111 operaciones, un tercio de todo lo que llega desde Brasil. Son ocho personas. Cuando el importador individual típico aparece una vez en 44 meses, uno de esos grupos aparece 55 veces.
En las bases de datos del Banco Central no se publican unidades físicas. Se puede saber cuánto se pagó y cuánto pesó cada embarque, pero no cuántas pistolas entraron al país.
Junto a los particulares hay 56 empresas importadoras, y su actividad declarada corresponde al rubro.
Veintitrés están registradas como venta al por menor de armas y municiones, 15 como mayoristas y tres como fabricantes de armas. Las quince restantes declaran otras actividades, desde óptica hasta transporte.
Están donde está el dinero del sector: 22 tienen domicilio en Pichincha y 20 en Guayas. Las demás se reparten entre El Oro, con cinco; Azuay, con tres; Manabí, con dos; y una en Esmeraldas, una en Santo Domingo de los Tsáchilas y una en Tungurahua. Y de una no consta la provincia.
27 de las 56 aparecen en los registros de la Superintendencia de Compañías desde 2023, dieciséis solo ese año. Es decir: la mitad de las empresas que importaron armas al Ecuador no figuraba en esos registros antes de que se levantara la prohibición.
Aun así, mueven menos dinero que los particulares. Repartiendo el monto de cada embarque entre quienes figuran en él, las personas naturales explican 2,74 millones de dólares en pistolas importadas en 2024, frente a 560 mil dólares de las empresas. En 2025 fueron 1,71 millones de dólares contra 510 mil dólares, y entre enero y agosto de 2026, 1,44 millones de dólares contra 320 mil dólares.
Los balances muestran algo más. Cinco de esas 56 importadoras declararon cero ventas en su balance de 2025: tres están en Pichincha y dos en Guayas. Otras cuatro declararon menos de cinco mil dólares -dos en El Oro y dos en Pichincha-, y entre ellas hay una importadora que registró ventas por ocho centavos.
En consecuencia, son nueve empresas que trajeron armas al país y que, en el papel, casi no vendieron nada.
El mercado estuvo abierto casi tres años. En marzo de 2026, treinta y cinco meses después del Decreto 707, el Gobierno frenó las nuevas importaciones de armas.
Antes de la restricción, entre enero y marzo de 2026, se registraron 63 operaciones de 52 importadores. Después, entre abril y agosto, los registros aduaneros muestran 98 operaciones de 78 importadores. En dinero, 1,18 millones de dólares tras la medida frente a 590 mil antes.
Hay un hallazgo dentro de esos meses: 18 de los importadores que aparecen entre abril y agosto nunca antes habían traído pistolas al país. 14 son personas naturales, tres son empresas -dos de ellas registradas en 2025- y uno tiene RUC del sector público. Trece de los 18 no figuran en ningún registro de importación de armas en los 44 meses analizados.
Eso no significa que la suspensión se haya incumplido. El propio acuerdo lo explica: dispone que no se otorguen nuevas autorizaciones mientras rija, pero no anula las emitidas antes, y una importación de armas tiene un ciclo largo entre el permiso, el embarque y el ingreso por aduana.
El comportamiento de las municiones apunta en esa dirección. En los mismos meses cayeron 67%, con dos meses en cero, mayo y julio. La munición se repone rápido y ahí la medida se sintió enseguida; el arma, no.
El riesgo que la medida buscaba atajar ya estaba advertido. Antes de la suspensión, un estudio del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado alertó sobre el peligro de que armamento legal terminara en circuitos ilegales, tras la escalada de violencia de 2025.
Siete meses después, la ciudadanía aún no conoce qué impacto tuvo la medida. El ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, dijo a EL COMERCIO que están haciendo “mediciones” y que habrá una evaluación a fin de año. Advirtió que la decisión no será cómoda. “…Veremos qué impacto tuvo esta medida, porque, así como tiene impactos positivos tiene impactos que pueden ser incómodos para ciertos sectores de la población”.
Añadió que la medida impacta el deporte y la seguridad, y defendió al resto del sector: “Tenemos otras empresas que hacen las cosas bien y que son una ayuda precisamente para fortalecer el trabajo de la seguridad en general en el país. Entonces, hay que hacer un análisis y sopesar todo esto”.
Si el mercado de importación se abrió en 2023 para abastecer a alguien, uno de los candidatos directos sería el sector de la seguridad privada.
Según el informe ¿El paraíso perdido? Tráfico de armas de fuego y violencia en Ecuador, de la investigadora Carla Álvarez para la Global Initiative contra el Crimen Organizado Transnacional, publicado en junio de 2024, el mayor tenedor legal de armas del Ecuador fuera de la fuerza pública son las compañías de vigilancia privada. El informe recoge cifras de la Policía a noviembre de 2023: 1 195 compañías con más de 55 mil armas de fuego.
Pero, el cruce de los registros de importación del Banco Central con el directorio de compañías de la Superintendencia de Compañías muestra que ninguna de las 56 empresas que importaron armas entre 2023 y agosto de 2026 está registrada como compañía de seguridad privada.
Solo dos importadores llevan la palabra “seguridad” en la razón social, y ninguno es una empresa de vigilancia: son proveedores de suministros.
El sector que porta armas para ofrecer seguridad privada no figura trayéndolas.
Eso deja dos rastros que seguir. Por un lado, el del arma que entra por la aduana a nombre de un importador. Por otro, el del arma que termina en el cinturón de un guardia de seguridad privada. Ese registro lo tiene el Comando Conjunto, que autoriza cada tenencia, pero no es información pública.
El negocio creció al mismo ritmo que se abría el mercado. Las compañías registradas bajo las cuatro subclases de seguridad privada pasaron de 866 en 2017 a 1 755 en 2025. Si se mide desde 2012, cuando eran 536, el alza llega al 227%. El año pasado facturaron 1 154 millones de dólares y declararon 83 920 empleados, de acuerdo con los registros de la Superintendencia de Compañías.
Casi todo el sector hace lo mismo: el 93,7%, son de guardias de seguridad, es decir, 1 645 compañías. Hay 50 de transporte de valores, 43 de escolta personal y 17 de otras actividades. La escolta es la que más crece en términos relativos: casi se triplicó desde 2017, cuando eran 15 empresas.
Y está concentrado en dos provincias. Pichincha reúne 628 compañías y Guayas 534: entre las dos suman dos tercios. Después viene una caída brusca, con Manabí en 94, El Oro en 82 e Imbabura en 58.
En facturación el orden se invierte. Guayas primero, con 473 millones de dólares frente a 446 de Pichincha.
Por dentro, el sector abarca dos pisos. El 69,2% de compañías -1 214- declara entre uno y nueve empleados. Solo 15 tienen mil trabajadores o más, y esas 15 emplean a 23 512 de los 83.920 guardias del sector, casi un tercio. Las diez mayores se llevan el 21% de las ventas; las otras 1 745 se reparten el resto.
De las 1 755 registradas en 2025, 564 declararon cero dólares en ventas. Es casi una de cada tres. De ellas, 551 no registraron ningún otro ingreso.
El mapa no es parejo. En Manabí, 50 de las 94 compañías del sector no vendieron nada: el 53%. En Guayas fueron 186 de 534, el 35%, y en Pichincha 166 de 628, el 26%. Santo Domingo de los Tsáchilas llega al 38%, y Chimborazo, Cotopaxi y Los Ríos rondan el tercio.
Tampoco son empresas recién creadas que todavía no arrancan. 144 llevan cinco años o más sin registrar una venta. 25 llegan a diez años o más. Y cinco acumulan 17 años: toda la serie disponible, presentando balances cada año sin facturar un dólar.
El tamaño completa el retrato. De esas 564, un total de 541 declaró entre uno y nueve empleados, con una mediana de cuatro. En otras palabras, una compañía de guardias con cuatro empleados y sin ventas no está prestando el servicio para el que se constituyó.
La ley previó el escenario con detalle. La Ley Orgánica de Vigilancia y Seguridad Privada, vigente desde el 9 de febrero de 2024, fija tres caminos.
Si la Superintendencia de Compañías resuelve disolver o liquidar una compañía de seguridad, debe avisar al Ministerio del Interior en el término de tres días (Art. 42). Si la compañía no registra operaciones ni trámites durante tres años, pasa al registro pasivo y queda suspendida; entonces se notifica al Comando Conjunto “a fin de que se ejerza el control de armas correspondiente”.
Y si pasan dos años más sin renovar, el permiso se cancela (Disposición General Décimo Cuarta). Y cuando el permiso se caduca o se cancela, el Ministerio debe avisar a Defensa para que se suspenda la tenencia y se retire el armamento (Art. 88).
El ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, lo resumió así a EL COMERCIO: “La ley dice que las armas deben reposar en el rastrillo de la empresa. Lo que nosotros podemos hacer como ente de control es ir a revisar que estén las armas en el rastrillo”.
Dijo que pueden ir a revisar. No dijo cuántas veces fueron.
En los datos que la Superintendencia de Compañías transparenta no se especifica cuántas empresas cerraron de forma definitiva. Lo que sí se puede ver es cuántas dejaron de presentar sus balances, que es el trámite anual obligatorio: 456 compañías de seguridad desaparecieron de esos registros desde 2019. La salida se aceleró en los dos últimos años, con 118 en 2024 y 98 en 2025, cuando entre 2019 y 2023 el promedio era de 48 al año.
Una compañía puede dejar de reportar porque se disolvió, porque está en liquidación, porque quedó inactiva o simplemente porque incumplió. El registro no distingue entre esas cuatro situaciones.
El control existe. Según la Dirección Nacional de Control de Armas del Comando Conjunto, hasta abril pasado las Fuerzas Armadas habían inspeccionado 663 compañías de seguridad de un universo de 1 130 registradas ante esa dirección. Los equipos verifican el arma en el sitio: escanean su número de serie o un código QR contra el sistema SincoAr y comprueban al instante si está registrada y si el permiso está vigente. El comandante del Centro de Control de Armas en Guayas lo describió así: “Nos permite verificar en tiempo real si cada arma cumple con los requisitos legales y si está correctamente registrada“.
El propio ministro explicó el límite de ese esquema: “si usted ya tiene una empresa de seguridad y va a hacer una importación o va a adquirir un arma y lo va a hacer usando la normativa legal, no tendríamos forma de impedirlo a no ser que tengamos la información de inteligencia de la vinculación de la empresa con estos grupos (ilegales)”. En definitiva, el filtro no opera cuando la empresa pide el permiso, sino en el operativo posterior, y solo si antes hubo una sospecha.
Lo que encuentran esos operativos hasta ahora describe lo que ocurre en este sector.
El 14 de octubre de 2026, según la información del Ejército se decomisó nueve pistolas y 10 750 municiones de calibre 9 milímetros en un inmueble de una empresa de seguridad privada, en el sector de Solca, en Quito. La intervención partió de información de inteligencia militar. Los uniformados hallaron las armas y las municiones en un espacio que funcionaba como rastrillo improvisado, sin autorización del Departamento de Control de Armas del Comando Conjunto.
Una semana antes, el 7 de octubre, dos personas fueron detenidas tras el robo de armas a una empresa de seguridad en Guayaquil. Los asaltantes, vestidos con prendas similares a las de policías y militares, simularon un operativo para entrar a la compañía, en la ciudadela La Kennedy, y sustraer armamento. La fuga terminó en una persecución y un choque en la vía Perimetral.
Esos dos casos se conocieron a través de las cuentas de X del Ejército y de las Fuerzas Armadas. Pero, la base de datos sobre armas ilícitas del Ministerio del Interior no tiene ninguna categoría que identifique una incautación en una empresa de seguridad privada.
Un ejemplo: el allanamiento de enero de 2026 a una compañía en el norte de Guayaquil, donde se hallaron más de 200 armas -parte de ellas con la numeración alterada o sin documentos-, entró a la estadística oficial clasificado como “casa/villa”.
Lo que se sabe de estos casos llega por boletines de prensa de la Policía y de los ministerios, no por los datos abiertos del Ministerio del Interior.
El Ministerio del Interior mantiene SICOSEP, un sistema público donde cualquier ciudadano verifica si una compañía de seguridad está autorizada, si un arma está registrada o si un guardia tiene credencial vigente.
Pero es un buscador, no un directorio. Hay que saber de antemano el RUC o la razón social exacta de la empresa, el número de serie del arma o la cédula del guardia. Sirve para comprobar un caso concreto. No para saber cuántas compañías hay, cuáles perdieron el permiso ni cuántas armas tienen.
Lo que el Estado registra y no publica de forma agregada es la lista larga: cuántas compañías de seguridad tienen permiso de operación vigente, cuántos permisos canceló o suspendió, cuántas están hoy en registro pasivo, cuántas armas retiró a las que dejaron de operar, cuántas autorizaciones de importación emitió y a qué tipo de importador, y qué registra el sistema de trazabilidad sobre la venta de un arma entre el importador y la empresa que la usa.
Ese sistema debería existir y abarcar toda la importación de armas en Ecuador. Cuando el presidente Daniel Noboa vetó parcialmente la Ley de Armas, en agosto de 2024, la Presidencia explicó que se proponía “implementar un sistema de trazabilidad que permita mantener el control de todo el ciclo de fabricación y producción de armas, municiones, explosivos y materiales relacionados“.
La misma Ley de Vigilancia y Seguridad Privada obliga al Ministerio del Interior a entregar a la Asamblea Nacional, en los primeros quince días de cada año, un informe detallado del estado del sector (Art. 11). El próximo reporte vence en enero.
Más información sobre armas
Nota metodológica: Este reportaje analiza exclusivamente el mercado legal de armas. Los registros de importación provienen del Portal Estadístico de Comercio Exterior del Banco Central, que publica valor en dólares FOB, peso, país de origen e importador por subpartida, pero no unidades físicas ni el monto de cada operación individual; los montos por tipo de importador se estimaron repartiendo el valor de cada embarque entre quienes figuran en él. El tipo de importador -persona natural, empresa o entidad pública- se determinó a partir del tercer dígito del RUC, según la regla del Servicio de Rentas Internas. Las cifras del sector de seguridad privada provienen del Ranking Empresarial de la Superintendencia de Compañías y corresponden a compañías que presentaron estados financieros cada año; el universo con permiso de operación vigente lo administra el Ministerio del Interior y no es público de forma agregada.
Personas naturales y empresas con autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entre enero de 2023 y agosto de 2026, 258 personas naturales importaron pistolas y revólveres, frente a 41 empresas y tres entidades públicas, según registros del Banco Central.
El Banco Central publica valor y peso, no unidades. Las importaciones de pistolas y revólveres pasaron de 190 mil dólares en 2023 a 3,3 millones en 2024, y sumaron 1,8 millones entre enero y agosto de 2026. La pistola semiautomática es el arma que más entra.
Brasil, Turquía y República Checa venden casi todo. Brasil concentra un tercio de las operaciones en apenas 34 compradores. Turquía reparte 288 operaciones entre 104 importadores distintos, y República Checa, 190 entre 100.
Ninguna de las 56 empresas que importaron armas entre 2023 y agosto de 2026 está registrada como compañía de seguridad privada. El registro de cómo adquiere sus armas ese sector lo tiene el Comando Conjunto y no es público.
En SICOSEP, el sistema público del Ministerio del Interior. Hay que conocer el RUC o la razón social de la compañía, el número de serie del arma o la cédula del guardia. Este buscador no incluye un listado descargable de compañías con permiso vigente.
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