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Un fallo judicial emitido en la capital sentó una condena efectiva contra la violencia de género este martes, 13 de octubre de 2026. A partir de la valoración de videos de seguridad, peritajes fisonómicos e informes clínicos de emergencia, un hombre recibe cinco años de cárcel por secuestrar a su expareja en Quito, luego de que los jueces declararon a Julio Sebastián N. A. culpable como autor directo de la retención armada de la mujer.
La resolución adoptada por los magistrados impuso la privación de libertad por secuestrar a su expareja en Quito, aplicando de manera estricta lo tipificado en el artículo 161 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La audiencia de juzgamiento, efectuada la tarde del 2 de octubre de 2026, concluyó con la sanción contra el procesado, quien había permanecido requerido por la justicia hasta su localización y captura en abril de 2026 en la parroquia de Nayón para comparecer ante los tribunales penales.
Los hechos juzgados se remontan al año 2023, momento en que el sentenciado interceptó a la mujer en una calle del norte de Quito. Mediante agresiones físicas, insultos y amedrentamientos verbales, el individuo la obligó a subir a un automotor en contra de su voluntad.
Una vez dentro de la cabina, la trasladó por vías aledañas mientras continuaba amenazándola de forma reiterada con un arma de fuego. El ataque se perpetró pese a la vigencia de medidas de protección judiciales dictadas en favor de la víctima, las cuales prohibían de forma expresa cualquier acercamiento del procesado hacia ella.
El sustento acusatorio incorporó el informe de un perito informático que presentó una secuencia de imágenes obtenidas de una cámara de seguridad cercana al sitio de la agresión. Dicho registro audiovisual fue cotejado mediante un examen morfológico y fisonómico, cuyos resultados acreditaron formalmente que la persona captada en el video correspondía a Julio Sebastián N. A.
Asimismo, una vecina del sector compareció bajo juramento y confirmó haber presenciado el instante en que la ciudadana era forzada a subir al vehículo, relato que guardó coincidencia con el testimonio anticipado de la joven y las declaraciones rendidas por sus padres.
En la diligencia también testificaron los profesionales médicos de la casa de salud que atendieron a la joven tras el suceso. El personal sanitario confirmó que durante su ingreso aplicaron el protocolo denominado Código Púrpura, diseñado para establecimientos médicos ante situaciones de violencia basada en género.
De forma paralela, las pericias de trabajo social y las valoraciones de psicología forense determinaron secuelas emocionales y afectaciones de gravedad en la víctima, derivadas del encierro forzado al que fue sometida.
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