Es abogado por la Pontificia Universidad Católica, especialista en Derecho Administrativo por la U. Autónoma de México. Foto: EL COMERCIO
¿Cuál es la solución para terminar con la minería ilegal en Buenos Aires?
El tema de la minería ilegal es bastante complejo, que aglomera un sin número de actividades ilícitas que son igual o peor que la minería ilegal.
¿Qué actividades?
Hay un fenómeno que está ocurriendo en Colombia, el giro del negocio del narcotráfico ha empezado a bajar y lo que se está incrementando es la actividad minera ilegal. Es más rentable ser minero ilegal que narcotraficante.
¿En el Ecuador ocurre lo mismo?
En el país hay minería ilegal y delitos alrededor de esa minería ilegal, sobre todo en Buenos Aires. Por ejemplo, hay lavado de dinero.
¿Qué se puede hacer?
En países con jurisdicciones más evolucionadas se han implementado políticas de trazabilidad del mineral, para saber su origen legal.
¿Acá hay ese control?
No. Cuando usted me preguntaba qué se puede hacer con Buenos Aires, lo primero es implementar la trazabilidad de los metales.
¿Se tiene alguna cifra de cuánto oro se extrae de forma ilegal en el país?
En el 2014 se tenía una producción de oro de unos USD 400 millones al año, pero en las cifras reportadas al Banco Central y al SRI por exportaciones sobrepasan los USD 600 millones.
¿Hay USD 600 millones en oro, cuyo origen el Estado no sabe de dónde sale?
Eso es solo lo que se reporta legalmente. Los técnicos mineros dicen que la defraudación total, entre lo que se produce y lo que se registra legalmente, es de 10 a uno.
¿Estas cifras significan que el Estado no está haciendo bien su trabajo de control de los recursos?
Las cifras demuestran el nivel de evasión y de fuga y por qué para algunos es tan y más lucrativo dejar a la minería en la ilegalidad.
¿Para quienes?
Para quienes controlan la minería ilegal, para quienes se benefician del dinero.
¿En qué otros espacios hay esa penetración de las mafias de la minería?
Solo en el tema de Buenos Aires hay asambleístas que han apadrinado las propuestas de la gente de las minas, bajo la línea de que son mineros artesanales.
¿También se ha penetrado en el área política?
Hubo un caso donde se encontró un camión con material minero; ese camión era militar. Cuando se han dado aprehensiones de la Arcom (Agencia de Regulación y Control Minero) hay algunos casos que no se han judicializado por falta de apoyo de los operadores de justicia. Cuando se mira las campañas de la consulta previa en el caso Loma Larga, en El Girón, en Azuay, hay todo un movimiento interesado en paralizar los proyectos. Eso está financiado por la gente que está detrás de la minería ilegal.
¿Por qué los mineros estarían a favor de la no explotación de recursos?
Una veta de oro es como buscar una aguja en un pajar. Pero cuando ya se sabe dónde está el proyecto, cuando ya se tiene una ‘X’ en el mapa, eso es un caramelo para ellos.
¿Usted dice que estos mineros promueven el no extractivismo a gran escala para luego ellos apropiarse y hacer minería ilegal?
Exactamente. Lo que a la ciudadanía a veces le cuesta entender es que la mejor estrategia, desde la política pública, es cooptar espacios de minería ilegal con minería legal. En una mina legal se concesionan 5000 hectáreas. En el caso de una mina a gran escala, la mina termina midiendo menos de 400 hectáreas; lo demás son con carreteras, campamento, casas, etc. En la minería ilegal se tiene cientos de intervenciones sin ningún tipo de control, como lo que pasa ahora en Buenos Aires.
Su formación
Es abogado por la Pontificia Universidad Católica, especialista en Derecho Administrativo por la U. Autónoma de México.
Su experiencia
Fue Viceministro de Minas y docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).