Un angosto patio de tierra conduce a la casa de Zoila. En esa construcción con paredes de bloque revestido, ubicada en el barrio San Jacinto, de la parroquia Montalvo (Tungurahua), vivía con su esposo Manuel, de 34 años. Él fue asesinado la mañana del 1 de enero en la parroquia Alobamba.
Mantenía a tres hijos como guardia de seguridad. El pasado 31 de diciembre laboró hasta las 18:00. Luego asistió al baile de fin de año en la cancha de la parroquia junto a la vía Ambato-Riobamba. No había ninguna razón para sospechar que horas después ocurriría un hecho de violencia sin parangón en ese sitio.
fakeFCKRemoveCon su esposa y sus hijos llegaron cinco minutos antes del nuevo año. Departió con sus seis hermanos, sobrinos y cuñadas. La música no paró hasta las 06:00.
Vencido por la mala noche, Manuel se durmió en una de las gradas de la cancha. Poco después, Ramiro B., un vecino del sector, sacó un cuchillo y se abalanzó contra los familiares de Manuel.
Todos corrieron para protegerse de las cuchilladas que propinaba a izquierda y derecha. Minutos más tarde, encontraron a Manuel desangrándose en el suelo. Los hechos no están claros.
Uno de los testigos contó que Ramiro le cortó la cara y después el cuello de un solo golpe. “Manuel se levantó y lo único que dijo fue: ¡Qué pasa! Al tiempo que se desplomaba. La sangre le brotaba a chorros. Tenía una herida profunda en el cuello”, reseñó el testigo que se reservó su nombre.
Los gritos confundieron a los familiares. El otrora pueblo apacible, situado a 20 minutos de Ambato, se transformó en un pequeño infierno. Se desencadenó una frenética persecución del presunto responsable.
Este escapó entre las huertas de manzana que abundan en Alobamba, habitada por 6 000 fruticultores y ganaderos. A la par, Manuel fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital Docente Ambato. Luego, lo llevaron a otra casa asistencial. En el trayecto murió desangrado.
Ese día, el fiscal de Tungurahua, William Freire, hizo el levantamiento del cadáver. También ordenó la detención de ocho miembros de la familia del supuesto homicida. Pero a las 17:00 del mismo día, quedaron libres. Eso indignó a María, quien pidió ayuda a la Confederación de Juntas del Campesinado de Quero.
Esa organización, liderada por Raúl Bayas, desde hace dos semanas se hizo cargo del caso . “Seguiremos el proceso para que se castigue a los culpables. El asesoramiento es gratuito. Esto no puede quedar en la impunidad”, explicó Bayas en su oficina ubicada en el centro de esa ciudad.
Bayas, el controversial líder de las juntas del campesinado, advirtió: “Si no hay resultados positivos, la gente adoptará otras medidas. No es justo que no haya una boleta de detención en contra de los familiares del asesino. Ellos tendrán que esconderse tres metros bajo tierra para que no los encontremos. Pedimos a la Fiscalía protección para los testigos que vieron el asesinato”.
La muerte de Manuel es parte de las estadísticas de violencia civil. Según la Policía Judicial, durante el 2010 se cometieron ocho asesinatos y 13 homicidios. La mayoría en la zona rural.
Carlos Pozo, jefe de la PJ de Tungurahua, dijo que el proceso de investigación de este caso continúa. No habrá interrupciones.
En Alobamba, las tres casas que ocupaban los familiares del supuesto asesino fueron abandonadas. Ellos contaron a los vecinos que temían ser secuestrados por las juntas y que la muerte de Manuel fue un accidente.
Zoila, la viuda, vive cerca de donde ocurrieron los hechos. Dijo sentirse insegura. No teme a represalias. En su casa con techo de fibrocemento tiene una pequeña tienda. Allí vende colas, agua, refrescos, fideos y más productos. Con el dinero financia el estudio de sus hijos Lenín, de 9 años, y Azucena, de 16.