La bandera de El Nacional cubrió el ataúd café. Así lo llevaron al cementerio. David Erazo fue asesinado el 20 de junio del 2009 tras un partido de fútbol entre Liga de Quito y El Nacional. Dos años y siete meses después, la foto del joven está siempre en la cartera de su madre, Elsa Lomas. Se la tomó cuando tenía 16 años y este 29 de febrero cumpliría 19.
No es el único recuerdo que quedó en la casa. En otras fotografías, David aparece con la camiseta de El Nacional, equipo al que lo siguió siempre. Desde que murió, su habitación ha quedado intacta. Nada se ha cambiado. Todo sigue como aquella tarde que se fue al estadio y no regresó.
El póster negro de la Marea Roja (barra del club El Nacional) continúa pegada en la pared.
Lo que sí cambió fue el estado de ánimo de la familia, que vive en Perucho (75 km al norte de Quito). Lomas cuenta que casi todas las noches sueña con David. “Me pide que no lo abandone en el cementerio. Al otro día voy a limpiar su tumba y les digo a mis niñas que no lo olviden”. Su hija mayor Nathalí, de 22 años, sufrió una crisis de nervios. “Tuvo problemas psicológicos severos y estuvo cerca de ser internada”.
Desde el 2007, tres personas murieron en el país por la violencia entre hinchas del fútbol. El primer caso se registró el 16 de septiembre de ese año cuando el niño Carlos Cedeño fue impactado por una bengala antes de un juego entre Barcelona y Emelec, en Guayaquil. El segundo fue el asesinato de David Erazo y en el tercer hecho Marcos Rodríguez, de 28 años, falleció el 13 de junio del 2011 en una casa de salud del Puerto Principal, tras haber sido golpeado luego de un encuentro disputado entre Barcelona y Liga.
En este caso, el Gobierno se comprometió a esclarecer el crimen. “Pedimos una investigación seria y profunda sobre los responsables y exigimos sanciones a quienes hayan cometido esos actos. Un hecho violento como este no puede quedar en la impunidad”, señaló el entonces ministro del Interior, Gustavo Jalkh.
La abuela materna de Marcos, Emma Toral, aún espera que se concrete el ofrecimiento de esos días. “Nosotros le mandamos una carta al Presidente y me respondieron que acudamos a las organizaciones de DD.HH. (para tratar el caso). Cuando lo entrevistaron (los medios), él mismo se ofreció y dijo que iba a ayudar en el caso de mijo, pero no hay nada”.
La mujer, de 73 años y cabello cano, prefirió deshacerse de los recuerdos de su nieto, a quien crió desde que nació. “Tumbé su cuarto y regalé su ropita a sus amigos”.
Ella solo guarda pocas fotos del joven, entre ellas la del recordatorio de su sepelio, enmarcada con filos dorados. Le indigna que las indagaciones se hayan estancado y que no se localice al autor material del crimen.
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En la casa de Elsa Lomas se siente lo mismo. No hay detenidos por la muerte de su hijo y cree que las autoridades la han abandonado.
Observa con tristeza al padre de David, José Erazo, y sus ojos se enrojecen. El hombre le pide que se calme y cuenta que, al principio, la Policía se comprometió a ayudar a la familia, “pero ahora no es así”.
“En la Policía Judicial me han dicho que yo mismo me encargue de las investigaciones y, si me entero de alguna novedad, les llame para continuar con las indagaciones. En otras ocasiones me han pedido para la gasolina del carro, pero me faltan recursos para hacerlo, porque soy carpintero y no tengo. Incluso he tenido que irme al estadio para ver si les encuentro a los sospechosos”, narra José.
Por la muerte de David Erazo, el Juzgado II de lo Penal de Pichincha efectuó a finales de marzo del 2010 la audiencia de llamamiento a juicio en contra de tres sospechosos. Según el fiscal que manejó el caso, testigos identificaron a esas tres personas como las que supuestamente atacaron a la víctima después del partido entre Liga de Quito y El Nacional en las afueras del estadio Casa Blanca.
El juzgado dictó la orden de prisión preventiva de los tres inculpados, pero declaró suspendida la etapa de juicio hasta que sean detenidos o se entreguen de forma voluntaria. Su paradero es desconocido por las autoridades.
Frente a ese problema, Lomas y Erazo piden que los sospechosos sean incluidos en la lista de Los Más Buscados que promociona el Ministerio del Interior para continuar con las investigaciones. “Si están en el exterior, lo ideal sería que los busquen a través de Interpol”, dice José Erazo.
En lo que se refiere al crimen cometido contra del niño Carlos Cedeño tampoco hay aprehendidos. Uno de los inculpados recuperó su libertad el 25 de enero del 2008 y se levantó la orden de detención que pesaba sobre otros tres sospechosos del hecho.
No hay políticas de control
El 20 de mayo del 2010, la Fiscalía General del Estado suscribió la resolución 029-FGE-2010 con el objetivo de contrarrestar posibles brotes de violencia en los estadios de fútbol del país.
El ex fiscal Washington Pesántez dijo que “esta resolución busca prevenir el vandalismo y prácticas similares. Busca persuadir a los malos aficionados para que no pongan en peligro la integridad de las personas, así como a la propiedad pública o privada existente dentro y fuera de los estadios”.
En la Fiscalía se indicó que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) es la encargada de notificar, vía correo electrónico, la cantidad de fiscales que se van a asignar en los compromisos de fútbol. “Si es un partido considerado de alto riesgo, se designa a tres fiscales para los estadios. Caso contrario, solo acude uno”, señaló un funcionario que no dio su nombre.
Al final de los cotejos, el fiscal entrega un informe en el que detalla lo que ocurrió en el estadio durante la programación futbolística. Pese a ello, en la Fiscalía General no hay una base de datos clasificada de esa información.
Funcionarios de esa dependencia explicaron que los delitos que se cometen en las afueras de los estadios y en el interior de estos pasan a la base de datos global de la Fiscalía, pero no hay un registro exclusivo que abarque los desmanes que ocurren entre hinchas.
Para Daniel Pontón, experto en seguridad, en el Ecuador no existe una política integral que se encargue de combatir de forma concreta los hechos violentos y delitos relacionados al fútbol. “Solamente cuando ocurre un hecho grave se trata de aplicar medidas, pero eso no es suficiente”, sostiene.
A su juicio, esa es una de las causas que genera impunidad. “No existe una correlación en el trabajo de las autoridades. Por ejemplo, solo la Policía tiene un registro de lo que sucede durante los cotejos del Campeonato, pero las entidades no cooperan entre sí para hacer un trabajo mancomunado y enfrentar este problema”.
Galo Barreto, gerente de la Asociación de Fútbol no Amateur de Pichincha (AFNA), sostiene que la labor de los fiscales no es efectiva para controlar la violencia.
Dice que la Fiscalía envía por su cuenta los listados de funcionarios que van a los escenarios deportivos. “Hasta ahora no se ha dado una acción (investigativa) que haya tenido consecuencias en el orden judicial. Prefiero la presencia del Intendente de Policía”.
En el último juego de Liga frente a Deportivo Quito en el estadio Atahualpa (el pasado sábado), la Policía Nacional registró enfrentamientos entre seguidores de los dos clubes. Sin embargo, no hubo fiscales para ese cotejo amistoso.
En la Fiscalía se confirmó que no existió una notificación por correo electrónico y que tampoco enviaron a agentes fiscales que constaten posibles anomalías.