16 de January de 2012 00:02

Fuga de datos secretos de la UAF, impune

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El cruce de correos electrónicos no deja lugar a dudas: -“Ayúdeme con su clave de gmail de urge para enviar la información”.

-“Avid17110045…”

-“Pero cuál es tu mail pues”.

-“El de la foto es hermano de la DG” (Directora General de la UAF)”.

-“Amor, del García Carrión Diego (Procurador General del Estado, PGE), del papá, de la mamá y si puede de los hermanos… Falta el de ella, si puede mande eso”.

-“Necesito los dos nombres y apellidos del PGE”.

Estos son algunos extractos de seis de los 83 correos que entre el 4 de mayo y el 8 de junio del 2010 intercambiaron los entonces funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera, (hoy UAF), Pablo Pantoja y Verónica Villacrés.

La UAF es el cerebro operacional del control antilavado del país, ejecutora del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (Concla). Su principal función es recibir del sistema bancario, comercial… informes de operaciones inusuales, que pueden tener un origen ilícito, para procesarlas, analizarlas y, de ser el caso, remitir un reporte a la Fiscalía.

Desde sus correos institucionales, los ex funcionarios cruzaron información confidencial y reservada sobre transacciones de cuentas corrientes nacionales e internacionales, documentos personales, de trabajo, del Registro Civil, del SRI y de la Policía.

Entre esos datos clasificados se destacan investigaciones realizadas -sin ninguna orden de trabajo- a cuentas y registros personales del procurador Diego García (cabeza del Concla) y 13 de sus familiares; de la ex directora de la UAF, Daniela Solano, y sus parientes cercanos. Además, del ex fiscal Washington Pesántez.

La violación de información protegida está tipificada por el artículo 13 de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos y por los ar-tículos 92 y 94 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, así como en normativas y reglamentos de la UAF.

Los primeros indicios de que Pantoja supuestamente compartía datos reservados se conocieron en abril del 2010, según el proceso fiscal abierto tras la denuncia de la entonces directora Solano, el 12 de noviembre.

En medio de las sospechas, Pantoja fue reubicado: pasó de la Dirección de Análisis, donde se monitorea y se accede a la información financiera, al área administrativa. Mientras fue analista conoció a Villacrés, con quien inició una relación sentimental, que también dejó su huella en la correspondencia, según auditorías de la empresa Soporte Libre y del perito Ney Bravo.

Los problemas internos salieron a la luz, en medio de la delicada situación internacional que el Estado ecuatoriano atravesaba por su inclusión –en febrero del 2010- en la lista negra de países no cooperantes con la lucha antilavado y contra el financiamiento del terrorismo del Grupo de Acción Financiera (Gafi).

Aunque Pantoja ya no podía acceder a las bases de datos, los rumores de la fuga de información eran persistentes. El 7 de junio, al asumir la dirección de Análisis de Operaciones, Reinaldo Benítez ordenó un auditoría externa (semanas antes se había instalado un espejo informático para copiar los correos sospechosos) “por presunción de fuga de información”, según su versión en la Fiscalía. Cinco meses después, Benítez entregó los resultados a Solano confirmando las sospechas.

La Ley de Control de Lavado restringe el envío de esa información a la Fiscalía y a la Secretaría Nacional de Inteligencia. No obstante, desde la UAF se envían a la Secretaría de Transparencia datos de operaciones financieras, detectadas en cuentas de funcionarios y ex funcionarios públicos, como indicios para investigar posibles casos de corrupción, según confirmó a este Diario el secretario de esa entidad, Edwin Jarrín.

En la práctica, los últimos años, desde la UAF se suministraron datos confidenciales de forma discrecional. Así lo reveló el propio Pantoja. “Todos o casi todos los funcionarios de la Unidad conocen que, en varias ocasiones, con disposiciones verbales se ha dispuesto la investigación de funcionarios públicos, como en los casos del hermano del Presidente, de un ex ministro del Deporte, del ministro Walter Poveda (ex secretario de Agricultura), los policías encargados de la seguridad del Presidente, como Rommy Vallejo y el capitán (Francisco) Saavedra, y estas disposiciones fueron cumplidas por nosotros, los analistas…”. Su declaración, rendida el 17 de noviembre del 2010, consta en el sumario administrativo que le inició la UAF.

Tanto Pantoja como Villacrés negaron haber entregado datos sensibles a personas ajenas a la Unidad, y defendieron su derecho a intercambiar correos, como parte de su tarea profesional (ver su versión en el recuadro). No obstante, fueron destituidos por el Concla y denunciados penalmente en la Fiscalía, que abrió una instrucción y emitió un dictamen acusatorio en su contra. No obstante, la jueza Segunda de lo Penal, Ángela Sarmiento, los sobreseyó provisionalmente. Y su fallo, que fue apelado por la UAF, la Fiscalía y la Procuraduría, fue ratificado por la Tercera Sala Penal de la Corte de Pichincha.

La pieza que faltaba en el rompecabezas y no ha sido investigada es la presunta entrega de los datos de la UAF al entonces ministro de Justicia, José Serrano.

Entre enero y junio del 2010, el investigador financiero Diego Vallejo –según su testimonio– fue contratado por Serrano, hoy ministro del Interior, para una consultoría por USD 47 000 en Justicia. A fines de ese año, aseguró Vallejo, Serrano le entregó un paquete de documentos con las transacciones bancarias del Procurador, el Fiscal, la ex directora de la UAF, entre otros.

“En el Ministerio de Justicia me encontré varias veces con Pablo Pantoja, a quien conocía por su trabajo de investigación. Me contó que estaba en problemas en la UAF, que lo habían despedido por filtrar información. Esperaba que el ministro Serrano lo ayudara porque lo botaron por haberle entregado las cuentas de Pesántez y otros funcionarios. Pantoja no sabía que Serrano me había entregado esas cuentas a mí”. El Ministro ha preferido no pronunciarse sobre estas denuncias.

A raíz de este caso, la UAF blindó sus sistemas de seguridad a todo nivel. El actual director, Gus-tavo Iturralde, y la Procuraduría continúan con las acciones judiciales para que el expediente no quede en la impunidad.

Pero las vulnerabilidades son señaladas en el último informe del Gafisud, grupo regional que monitorea los avances del control del lavado. “Si bien la UAF ha implementado controles para proteger la información, todavía se observan deficiencias relacionadas con la seguridad de información que elevan el riesgo de filtraciones o pérdidas de información”, señala una de las conclusiones.

Niegan acciones de protección

Pese a las pericias técnicas realizadas en el sistema informático de la UAF, aún no se ha podido establecer una relación de Pablo Pantoja y Verónica Villacrés con terceras personas (de fuera de la Unidad), que hubieran requerido o a las que se les hubiere entregado la información reservada.

Luego de ser destituidos, ambos presentaron sendas acciones de protección en contra de la UAF, para ser restituidos en sus cargos, que han sido negadas y rechazadas en segunda instancia por la Tercera Sala de Garantías Penales de Pichincha, según informó la Procuraduría del Estado.

Tras ser despedidos, ellos presentaron acciones de protección ante los juzgados Octavo de lo Penal y de la Niñez y Adolescencia, en febrero del 2011. Los jueces de primera instancia se pronunciaron a su favor, pidiendo que fueran restituidos a sus funciones. Esencialmente, establecieron que se habían violentado sus derechos laborales y constitucionales al debido proceso.

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