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La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Gabriela Cossette L. T., exjueza del Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado. Lo hizo por su supuesta participación en el delito de enriquecimiento ilícito, en calidad de autora directa.
El proceso judicial se desarrolla dentro del denominado caso ‘Fachada‘, una investigación que analiza un supuesto incremento patrimonial injustificado mientras ejercía funciones públicas.
La investigación tomó impulso tras un operativo ejecutado la madrugada del 16 de enero de 2025 en las provincias de Pichincha y Esmeraldas. Durante los allanamientos a inmuebles supuestamente vinculados con la procesada, agentes levantaron como indicios un total de 56 760 dólares en efectivo.
En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal Provincial de Pichincha presentó 49 elementos de convicción que, según la entidad, evidencian un incremento patrimonial constante y sostenido.
Entre la documentación constan partes policiales relacionados con los allanamientos, registros de cadena de custodia, informes de inspección técnica y reconocimiento del lugar de los hechos, además de pericias documentológicas y reportes tributarios emitidos por el Servicio de Rentas Internas (SRI).
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La Fiscalía también incorporó un informe ejecutivo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado.
A ello se suman registros del Consejo de la Judicatura, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), información de entidades financieras, datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y documentos relacionados con la promesa de compraventa de un inmueble en Esmeraldas.
Tras analizar los argumentos presentados, el juez que conoce la causa dispuso prisión preventiva para la exfuncionaria. Además, ordenó la retención de los 56 760 dólares incautados, la prohibición de enajenar dos bienes inmuebles y un vehículo, así como la inmovilización y congelamiento de tres cuentas bancarias.
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Según la investigación previa iniciada en 2025, la exjueza habría incrementado su patrimonio en 140 573,09 dólares entre 2022 y 2025 sin justificación aparente.
Durante ese período ocupó cargos en la Defensoría del Pueblo, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en Esmeraldas y posteriormente el Tribunal Anticorrupción.
El caso se procesa bajo el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el enriquecimiento ilícito. Cuando el incremento patrimonial supera los 200 salarios básicos unificados, la pena prevista oscila entre cinco y siete años de privación de libertad.
La instrucción fiscal tendrá un plazo de 90 días.
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