Fiscalía solicita prisión preventiva para Daniel Mendoza y Edmundo Tamayo

La Fiscalía solicitó en una audiencia desarrollada en la Corte Nacional de Justicia la prisión preventiva en contra del asambleísta Daniel Mendoza. Foto: Corte Nacional

La noche del viernes 5 de junio de 2020 se instaló la audiencia de formulación de cargos en la Corte Nacional de Justicia, en contra del asambleísta Daniel Mendoza y otras personas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. El procedimiento está a cargo del juez penal Marco Rodríguez.

Durante la audiencia, la Fiscalía General del Estado presentó 15 elementos de convicción y realizó un análisis del por qué solicita la prisión preventiva del legislador Mendoza. La fiscal Diana Salazar dijo que con este pedido se busca evitar que los procesados evadan la justicia, ya que existe un alto riesgo de fuga, al tratarse de un delito grave contra la administración pública.

A más de Mendoza, la Fiscalía también solicitó prisión preventiva para el director de Servicio de Contratación de Obras Públicas (Secob), Edmundo Tamayo; al igual que para otros tres procesados más. Mientras que para una cuarta persona solicitó arresto domiciliario y prohibición de salida del país.

La Fiscalía señaló que la demostración de la existencia de una organización delictiva se basa en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En la audiencia, intervino la defensa de Edmundo Tamayo. Él señaló que su representado no está mencionado ni en la materialización de teléfonos ni las escuchas telefónicas. Tampoco está el nombre de su cliente en el informe de la Contraloría General del Estado. Él, dijo, vive de su sueldo.

El abogado presentó una propiedad en Cumbayá que adquirió en 1995 y un reporte de las aportaciones al IESS desde 1984.

“Mi defendido tiene una afectación médica y 64 años, 9 meses y 11 días. Antes de que la instrucción fiscal termine será un adulto mayor. Por tanto, dictar prisión preventiva por su edad y situación médica podría ser una sentencia de muerte”, dijo. Con este argumento, solicitó que se emita una medida sustitutiva: arresto domiciliario.

Además, observó la razonabilidad de Fiscalía que se basa en un registro contable para hacer la acusación a su defendido.

Mientras, en la intervención de María Moreira, abogada de Daniel Mendoza, se señala que en la materialización de pruebas del Consorcio Pedernales-Manabí se identifica que se hacen pagos a "asambleístas" y, por eso, Fiscalía asume que es de su defendido.

En su alocución, Moreira presentó arraigo familiar, así como certificados de nacimiento de sus hijos de 3, 6 y 9 años. También están facturas de servicios básicos. De igual forma, expuso el mecanizado del IESS y roles de pago. Además, como parte de la defensa, presentó su cargo como asambleísta provincial 2017-2021, al igual que su credencial. La abogada exhibió un certificado del Secretario Relator de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional en el que se señala que Daniel Mendoza asistió a 38 sesiones de manera presencial y virtual.

Con todos estos antecedentes, la abogada Moreira pidió medidas cautelares para su defendido, entre las que están prohibición de ausentarse del país y presentación periódica ante la autoridad competente.

Hasta las 21:20, la audiencia continuaba y se esperaba el pronunciamiento del juez penal Marco Rodríguez.

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