Los militares que protestaron el 30 de septiembre en dos recintos militares de Quito (de forma paralela a la insurrección policial) son investigados. El Mando de las Fuerzas Armadas dispuso que se abrieran sumarios para determinar el grado de participación de uniformados del Ala de Combate 11 (Base Aérea) y del Complejo Militar de La Recoleta.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas señaló, a través de un comunicado, que “se procederá a sancionar disciplinariamente al personal militar que hubiere participado en estos hechos”. Según esa institución, se observará “el debido proceso”.
fakeFCKRemoveLos departamentos de Asuntos Internos de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Terrestre y de la Fuerza Naval parten de la premisa de que en el Complejo Militar de La Recoleta se produjo un supuesto ‘tumulto’, mientras que en la Base Aérea de Quito hubo una posible ‘rebelión’ militar.
Ese punto de partida marca una diferencia en las sanciones que pudieran recibir los uniformados investigados. La protesta en el Ala de Combate 11, ubicada en la parte noroccidental del aeropuerto internacional de Quito, interrumpió las operaciones aéreas por ocho horas.
Según el Reglamento de Disciplina Militar, los uniformados pueden ser castigados, dentro de la institución, por faltas leves, graves o atentatorias.
Las faltas atentatorias, según el Reglamento de Disciplina Militar, son fundamento para el inicio de un Consejo de Disciplina, con sanciones que contemplan hasta 15 días de arresto y 30 de suspensión de funciones. También, de acuerdo con las reglas castrenses, son indicios para el eventual inicio de un juicio penal.
Ayer, un alto oficial de las Fuerzas Armadas dijo a este Diario que por esa razón aún no se ha remitido ninguna lista de militares a la justicia ordinaria. “Por ahora se recaban evidencias y el resultado de ese trabajo será remitido a la Fiscalía General del Estado”.
Un militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) declaró: “Sabemos que se les está haciendo un Consejo de Disciplina a mis compañeros del Ala 11, unas 200 a 300 personas más o menos. Se les acusa de interrumpir las operaciones (del aeropuerto Mariscal Sucre). Pero hay que comprobar primero quiénes fueron, porque los policías ya habían cerrado las operaciones desde las 05:00 en Migración”.
El 30 de septiembre, decenas de uniformados ocuparon parte de la plataforma aérea y exhibieron los mismos carteles de protesta que dos días antes habían sido llevados por familiares de soldados en retiro a la puerta del Ministerio de Defensa.
En ellos se podía leer: “Los soldados de honor preferimos morir de pie que vivir de rodillas”. “No a la Ley de Seguridad Pública…”. “La Constitución nos respalda, no estamos en contra del Gobierno”.
Hasta ayer, no se recababan declaraciones de los militares que mostraron esos mensajes en la Base Aérea. “Las personas de Asuntos Internos están gestionando esta situación”, dijo el militar.
El artículo 121 del Reglamento de Disciplina Militar determina que la “facultad de sancionar una falta prescribirá en los siguientes plazos, contados desde la fecha en que fuere cometida o descubierta: por falta leve en 30 días, por falta grave en 45 días y por faltas atentatorias en 60 días”.
La normativa castrense precisa: “Toda sanción impuesta a un militar deberá ser registrada en el Departamento o Dirección de Personal de la respectiva Fuerza”.
Una sanción atentatoria pudiera implicar el fin de la carrera militar o al menos un bloqueo para el ascenso de grado.
Según una fuente de La Recoleta, se presume que cerca de 1200 personas son investigadas, incluidos los uniformados que el jueves 30 reclamaban en ese recinto. Ese día, cerca de las 10:00, militares y funcionarios civiles se agolparon en el patio central, para intercambiar criterios con el ministro de Defensa, Javier Ponce. Entre las intervenciones hubo palabras duras y hasta silbidos.
Ellos, al igual que los militares que salieron a la Base Aérea, se oponían al veto a la Ley de Servicio Público, que eliminaba las condecoraciones por ascenso y regulaba las otras formas de bonificación económica.
Los miembros de las Fuerzas Armadas recibían seis condecoraciones económicas en su carrera (en la Policía son 18). En La Recoleta, Ponce intentaba explicar al personal que las condecoraciones no se eliminarían, sino que serían sustituidas por compensaciones económicas.
Según la Ley Orgánica de Servicio Público, que entró en vigencia el lunes, por el ministerio de la ley (la Asamblea no pudo aprobar o rechazar el veto presidencial en los 30 días de plazo), los reconocimientos por ascenso se suprimieron. Otras compensaciones serán definidas por el Ministerio de Relaciones Laborales.
Para el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en los repartos militares sí hubo información. A ello atribuye que no hubiera incidentes fuera de Quito. “La explosión policial tuvo eco entre los menos informados, como el personal de la Base Aérea”.
En el Mando militar no se descarta que hubiera existido una manipulación de militares en servicio pasivo, especialmente miembros de tropa que dejaron la institución, tras los ajustes en los años de antiguedad por grado (por ejemplo, el tiempo de servicio de un suboficial primero se redujo de cinco años a tres). “Hubo personal de tropa que se disgustó porque esperaba cumplir los cinco años, pero se tenía que hacer la reforma”, dice un alto oficial.
Ayer, en la Fuerza Aérea se informó que aún no existen arrestos por los hechos registrados en el Ala de Combate 11.
La Fiscalía abrió procesos por los presuntos delitos cometidos durante la insubordinación policial
del 30 de septiembre
Tentativa de asesinato al presidente Correa
Inculpados: Coroneles de Policía José Rivadeneira, Edwin Echeverría y Julio Cueva.
Acción legal: Prohibición de salida del país (arraigo) y obligación de presentarse ante el Juez cada 15 días.
Fiscal penal a cargo: Luis Enríquez.
La ley: Delito tipificado en el art. 224 del Código Penal. Sanción: pena de 8 a 12 años, aunque no hubiese daño.
Incitación a rebelión de la Fuerza Pública
Inculpados: Fidel Araujo López, hombre cercano al ex presidente Lucio Gutiérrez.
Acción legal: Juez XXI de lo Penal de Pichincha dictó orden de prisión preventiva por 90 días, durante instrucción.
Fiscal penal a cargo: José Miguel Jiménez.
La ley: Delito tipificado en el art. 146 del Código Penal. Sanción: de 6 a 9 años, si el hecho dejare uno o más muertos.
Rebelión miembros de la Fuerza Pública
Inculpados: 13 agentes de la Policía que, supuestamente, participaron en la revuelta.
Acción legal: Prisión preventiva de hasta 90 días para 13 agentes. Obligación de presentarse ante el juez cada 15 días para 20 uniformados.
Fiscal a cargo: Jorge Cano
La ley: Arts. 218 y 221 del Código Penal. Sanción: 3 a 6 años para quienes porten armas y
1 a 3 años para los demás.
Atentado a seguridad interior del Estado
Inculpados: Coronel Edwin Rolando Tapia, jefe de la escolta de la Asamblea.
Acción legal: La jueza XXIII de Garantías Penales de Pichincha, Tania Molina, ordenó la prisión preventiva hasta 90 días contra el procesado.
Fiscal penal a cargo: Miguel Jurado Fabara.
La ley: Delito tipificado art. 130 del Código Penal. Sanción: reclusión mayor de 4 a 8 años.
Incidentes en canal estatal Ecuador TV
Inculpados: Luego de las indagaciones, el Fiscal decidirá a quiénes citará.
Acción legal: Etapa de indagación previa sobre lo ocurrido en el canal del Estado Ecuador TV. Varios manifestantes entraron a la fuerza.
Fiscal penal a cargo: Gustavo Benítez Álvarez.
La ley: Durante las indagaciones el Fiscal decidirá en qué artículos se basará.