Este 26 de marzo del 2021 se cumplieron tres años del secuestro y posterior asesinato del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra en la frontera norte. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO.
Luego de tres años de que el equipo periodístico de EL COMERCIO fuera secuestrado y asesinado en la frontera norte, la justicia colombiana dictó la primera condena relacionada con este caso.
Para los familiares del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas, del conductor Efraín Segarra y para la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) este único fallo judicial “evidencia la falta de una investigación seria y exhaustiva” por parte de la Fiscalía de Colombia.
El jueves 25 de marzo del 2021, alias ‘Reinel’, miembro del Frente Óliver Sinisterra fue sentenciado a 28 años y ocho meses de cárcel por los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo y concierto para delinquir.
“Si bien este fallo es relevante, la Fiscalía colombiana no ha sido diligente en su investigación, tampoco ha logrado esclarecer responsabilidades en otros niveles y tampoco ha dado con los autores materiales ni intelectuales del secuestro y posterior asesinato”, indicaron los familiares del equipo de prensa.
Añadieron que “a pesar de esta condena, no se ha hecho justicia y ese fallo no significa que la investigación de los estados, en especial de Colombia, haya concluido”.
Según un informe emitido en diciembre del 2019 por el Equipo de Seguimiento Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aún hay hipótesis que no han sido investigadas.
Ahí se dijo que el Estado ha negado el acceso a información relevante y que no se ha garantizado una reparación integral a las víctimas.
Los familiares de Paúl, Javier y Efraín también critican los pocos avances que ha tenido la Fiscalía de Ecuador sobre el caso. Según Ricardo Rivas, hermano de Paúl, después de tres años, la investigación sigue en primera fase del proceso judicial y no hay procesados.
El 4 de marzo del 2021, ellos también alertaron que el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) negó un pedido de la Fiscalía para acceder a las actas de las reuniones del 2018 en las que se trató información sobre el plagio y el asesinato. Esto ocurrió a pesar del ofrecimiento del presidente Lenín Moreno de desclasificar esos datos.