Presidente de la Corte Provincial de Pichincha llamó a juicio a una exjueza por el presunto delito de tráfico de influencias. Esta decisión se adoptó durante una audiencia, este miércoles 14 de septiembre del 2022.
La fiscal provincial de Pichincha, Ruth Amoroso, presentó al juez más de 30 evidencias para acusar a la exmagistrada como autora directa del supuesto delito de tráfico de influencias.
Ese ilícito se habría perpetrado durante el trámite de una acción constitucional con la cual Jorge Yunda, exalcalde de Quito, buscaba mantener su cargo.
Según las investigaciones, la procesada habría interferido, por intermedio de dos ayudantes judiciales, en el trámite de esa acción constitucional.
Durante la audiencia preparatoria de juicio, el magistrado llamó a juicio a la imputada y también ratificó las medidas alternativas a la prisión. Estas son: la prohibición de salida del país, el uso del grillete electrónico, las presentaciones periódicas ante una autoridad judicial, la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas por un monto de USD 19 800.
Detalles de la investigación
Según la Fiscal Provincial, cuando la procesada era jueza habría dispuesto, por medio de funcionarios judiciales, el ingreso de la acción constitucional de Jorge Yunda al Complejo Judicial Sur de Quitumbe.
Según la Fiscalía, la consigna era que “la causa debía recaer sobre ella, cuando lo que correspondía era que el proceso se lo tramite en la Unidad de Delitos Flagrantes, pues fue ingresado a las 17:03 del 18 de junio de 2021. Es decir, fuera del horario laboral”.
Sin embargo, por pedido de la procesada, dicha acción de garantía constitucional llegó a su despacho como un proceso de “violencia contra la mujer y la familia”.
Además, a través de un acto urgente logró que el expediente no se sortee entre los 331 jueces del Distrito Metropolitano de Quito. Por lo tanto, abrió la posibilidad de que el sorteo se reduzca a los cuatro jueces que laboran en la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia del Complejo Judicial Sur de Quitumbe. En esa dependencia, ella laboraba.
¿Cómo se sanciona el tráfico de influencias?
Según el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), ese delito se sanciona con una pena privativa de la libertad de tres a cinco años.