En medio de la creciente ola de inseguridad que vive Ecuador, los casos en que ciudadanos se toman justicia por mano propia también comienzan a ser más visibles. Pero, ¿hasta qué punto es legal la defensa propia en casos en que la integridad o la vida de una persona están en riesgo?
El penalista Gabriel Ponce asegura que emplear la legítima defensa sí es legal, pues la persona actúa para defender cualquier derecho, sea propio o ajeno. Por ejemplo, su vida o su integridad física.
El artículo 33 del Código Integral Penal establece que hay tres requisitos para aplicar esta figura legal
- El primero: agresión actual e ilegítima. Es decir, que haya un ataque inminente, real, e injustificado.
- El segundo: necesidad racional de la defensa. Este principio significa un equilibrio entre el nivel de agresión que recibe la víctima y el nivel de defensa.
- El tercer requisito: falta de provocación suficiente de quien actúa en defensa del derecho. El abogado Wilson Velasteguí, explica este requisito con un ejemplo. Si la víctima está en su domicilio, durmiendo y un extraño ingresa, entonces hay una “necesidad suficiente” de protegerse y alejar el riesgo.
¿Existe sanción en estos casos?
El actual Código Integral Penal sí establece una pena para quien excede el uso de la legítima defensa.
El artículo 31 de esa norma penal menciona que esa conducta es sancionada con “una pena reducida en un tercio de la mínima prevista en el respectivo tipo penal”.
Por ejemplo, si alguien que se excedió en la legítima defensa causó la muerte de un sospechoso, es procesado por homicidio. Ese delito tiene una pena mínima de 10 años de prisión, por lo tanto, esa persona podría enfrentar una sanción reducida de poco más de tres años de cárcel.