El asalto ocurrió en el parqueadero de la casa. Dos sospechosos interceptaron a una mujer cuando bajaba de su auto y apagaba las luces. La silenciaron y la obligaron a subir a su departamento en El Condado (norte de Quito).
Estaba sola. Le robaron joyas, dinero y aparatos electrónicos pequeños. Una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) opera a menos de una cuadra del lugar donde se perpetraba el robo.
Esa noche, los uniformados realizaron un patrullaje por la zona, pero no se percataron de lo que ocurría con la mujer. Al ver un patrullero en la calle, los sospechosos la golpearon, la dejaron inconsciente, dijeron que vivían allí y salieron del conjunto.
¿Cuán eficaces son estos puestos policiales en sus operaciones antidelictivas? Desde el ataque con fuego a dos jóvenes, a cuatro metros del retén de Guápulo (23 de junio), moradores del barrio y organismos que trabajan en temas de seguridad, como la Fundación Marcha Blanca, han realizado observaciones. Al día siguiente del hecho, el presidente de este organismo, Raúl Franco, remitió a la Policía y al Municipio el oficio 822 y pidió “información verídica” sobre el número de uniformados asignados al lugar.
“Acaso es un engaño a los ciudadanos de Quito, cuando se informa que mediante acuerdos entre el Municipio y la Policía se ha convenido que en cada Unidad de Policía Comunitaria trabajen ocho policías y se nos asegure que siempre estarán presentes en dichas unidades”, se lee en el documento de dos páginas.
Y se aclara que esta información es necesaria para la Fundación, “ante la ineficacia e inacción de la UPC de Guápulo” de que en el momento de la agresión de los jóvenes, los policías “no se encontraban en el sitio, porque habían salido a patrullar”.
En Quito hay 277 UPC con 1 400 agentes. En agosto del 2011, el comandante de Policía de Quito, general Juan Carlos Rueda, dispuso que además de patrullajes, en cada Unidad de Policía Comunitaria permanezca un uniformado. La idea es que alguien reciba las denuncias que pudieran presentarse.
Pero este Diario constató que en la mañana del sábado, es decir, después del incidente ocurrido en el barrio de Guápulo, la puerta de la UPC estaba cerrada.
En el país opera una Dirección Nacional de Policía Comunitaria que el 2 de septiembre del 2010 fue creada mediante acuerdo ministerial 1725. Según el documento, “su base es precautelar la seguridad y organizar brigadas barriales para crear planes y proyectos”. No obstante, esas iniciativas tampoco se concretan.
La necesidad de recursos
El general Rueda reconoce la falta de recursos en los retenes. “Una parte (del presupuesto) es financiada por el Municipio y otra por el Gobierno a través del Ministerio del Interior”.
Según esa Cartera de Estado, para este año, se contará con un presupuesto de USD 211 millones para el país. Según el Plan de Seguridad del Ministerio, el 28% del presupuesto se destinará a la creación de 425 Unidades de Policía Comunitaria y 10 Unidades de Vigilancia a escala nacional.
Actualmente, en las 24 provincias operan 1 500 puestos de vigilancia policial. En mayo del 2011, cuando Marcha Blanca señaló una “absoluta falta de control y seguimiento dados a los proyectos de seguridad en Quito”, se reveló la cantidad de dinero destinada a las unidades de Policía.
Allí se habló, por ejemplo, de USD 420 000 para 30 mejoras, USD 145 084 para pago de servicios básicos en 250 unidades y se hace relación a la construcción de puestos policiales en al menos ocho sectores (ver cuadro).
Franco hace otra revelación: no hay comunicación entre unidades. Un uniformado refiere que el problema se debe a las salidas constantes del personal. “Hay quienes se van de vacaciones. Capacitamos al personal, pero quedan esos vacíos”.
Informes oficiales del Ministerio del Interior revelan que en 12 Unidades de Vigilancia de la Policía existen 405 handys y 130 no están operativos.
En donde más problemas existe es en las unidades de Vigilancia de Tumbaco, Carapungo y Norte.
Tampoco están operativas 12 radio bases, por ejemplo, del Centro, Tumbaco y Carapungo. En total, existen 128. Además, las motos y patrulleros registran inconvenientes. 46 de las 319 están calificadas como “no operables”.
¿Cómo se combate a la inseguridad? ¿Cuáles son los registros de delitos? Cifras del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana (OMSC) revelan que los casos de sacapintas (asaltos en las afueras de bancos) aumentaron.
Según ese organismo, en los primeros cuatro meses de este año, ese tipo de hechos se elevó en un 20% con relación al mismo período del año pasado. De enero a abril del 2012 hubo 79 casos de sacapintas, frente a 66 registrados en el mismo período del 2011 (en el 2010 hubo 38).
De enero a abril de este año, Quito registró 17 316 delitos contra las personas. El 26% de esos hechos se cometió con armas de fuego (4 487 casos). Asimismo, el Observatorio reportó 3 193 robos de automotores y en el 20% de esos hechos se utilizó ese tipo de armamento (627 denuncias).
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Testimonios que alarman
La semana pasada, tres desconocidos arrancharon la cartera de una mujer y la amenazaron con un cuchillo. Después del robo, ella acudió a una UPC a denunciar, pero cuenta que el policía que permanecía en su interior no la atendió. “Me dijo que allí no se receptaban las quejas y que vaya a la Policía Judicial”.
Recorrió tres unidades. En la una le indicaron que no había tinta para la impresora, en la otra que no había papel y en una tercera que debía ir a su barrio.
Este Diario constató que, en efecto, en las unidades faltan materiales de oficina. Los uniformados incluso mencionan que el programa en el que se llenan las denuncias tiene inconvenientes.
Un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) señala que el 80% de las víctimas no denuncia los delitos y una de las razones precisamente es la desconfianza en la Policía y en sus investigaciones.
Las investigaciones
Las versiones sobre lo que ocurrió en Guápulo fueron distintas. Los familiares de las víctimas se sienten indignados.
Según moradores del barrio, los jóvenes corrieron sin ropa, desde un terreno baldío, cerca de la plazoleta. “Llamamos al 911, vinieron a socorrerlos pero dijeron que como estaban en estado etílico no los recibirían en el hospital”, relató una vecina.
Otra persona señaló que los policías de la Unidad de Policía Comunitaria “no los ayudaron. Poco después los chicos estaban en llamas. No vi quién los atacó”.
Los policías dijeron que sí ayudaron, pero que en un inicio estaban en patrullajes.