
La noche de este lunes 8 de junio de 2026, la activista Monika Silva Koniuszek fue encontrada sin vida en su domicilio en Montañita, provincia de Santa Elena. Este suceso generó atención debido a la destacada trayectoria de Silva en el activismo ciudadano y la defensa de derechos en la región peninsular.
Monika Silva, de origen polaco y residente en Ecuador por más de una década, era una figura conocida en la provincia. Se destacó como presidenta de la Fundación La Integridad.
Desde este espacio, y como dirigente barrial y veedora ciudadana, se enfocó en denunciar públicamente supuestas irregularidades en la administración pública, la gestión de contratos, el manejo de tierras y el funcionamiento del sistema judicial local.
En sus plataformas digitales, Silva se autodefinía como “activista anticorrupción, defensora de la Pachamama y de los grupos vulnerables”. Su presencia en redes sociales fue un canal constante para difundir cuestionamientos sobre temas de interés comunitario y fiscalización de los recursos públicos en Santa Elena.
El hallazgo de Silva ocurre en un entorno marcado por la preocupación social. En meses anteriores, la activista había reportado a través de sus cuentas oficiales haber recibido amenazas contra su integridad personal.
Estas alertas se hicieron públicas tras el asesinato de Robinson del Pezo, comunicador y administrador de una plataforma digital en La Libertad, ocurrido en noviembre de 2025.
Tanto Del Pezo como Silva abordaron públicamente presuntos conflictos por tráfico de tierras y otros temas de gestión pública en la provincia.
Hasta el momento, las autoridades policiales no han emitido un reporte oficial que precise las causas del deceso ni las circunstancias en las que fue hallada en su vivienda. La Policía Nacional acudió al sitio tras recibir alertas sobre el suceso.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos han solicitado a las autoridades locales y judiciales que se desarrolle una investigación exhaustiva y transparente.
Por ahora, no se ha establecido una vinculación formal entre la muerte de la activista y las denuncias que realizó durante años. El caso permanece bajo investigación, mientras la sociedad civil en Santa Elena se mantiene atenta a los resultados de las pericias oficiales.