El secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Juan Pablo Ortiz, aseguró que los militares no están desprotegidos para enfrentar amenazas terroristas, en coordinación con la Policía, como lo dispone el Decreto Ejecutivo 730 suscrito el 3 de mayo pasado.
El funcionario salió al paso de las críticas al documento, sobre todo, al artículo 3. Allí se instruye al sistema penitenciario para “tomar estrictas previsiones de seguridad para el personal militar y policial que, como resultado de las operaciones antiterroristas, sean sometidos a procesos judiciales”.
Ortiz explicó a EL COMERCIO que esto se hace, de manera preventiva, en el caso de que algún juez “fallara en contra de todas las normas que ya protegen a toda la fuerza pública del orden”.
El funcionario aseguró que esto no deja en indefensión a los uniformados. “Al contrario lo que se hace es cerrar todo el tipo de protección que se le puede dar a la Fuerza Pública”.
En el caso de procesos judiciales contra militares o policías, Ortiz mencionó que defensores públicos y la coordinación jurídica de cada una de las instituciones correspondientes se encargarán de estas causas.
Aseguró que los uniformados “ya están defendidos” por las normas y que “la legítima defensa establece que ellos se pueden defender de la misma forma en la que están siendo agredidos”.
“O si es que algún criminal o alguien tiene un arma y les está amenazando a ellos, o a un tercero o a la ciudadanía, ellos pueden hacer uso de la fuerza”, insistió.
Críticas de DDHH
La medida, que tuvo la anuencia del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe), no está libre de críticas de organismos que defienden los derechos humanos en el país.
En un comunicado, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos exigió al Gobierno “que se defina cuál es la política social que aplicará para prevenir y combatir la raíz de la criminalidad, sin las cuales las estrategias militaristas serán solo una declaratoria de guerra destinada a un nuevo fracaso”.
La organización añadió que “frente a la criminalidad, el Gobierno Nacional ha evidenciado total incapacidad, manejo errático y ha usado recetas inútiles para responder a la creciente angustia que sentimos”.
“Basta preguntar qué resultados reales tiene la recurrencia de decretos de Estados de Excepción, toques de queda, uso de armas y ahora la figura de “combate al terrorismo”, cuyo fracaso ha quedado en evidencia en países como Colombia, desangrado por políticas similares aplicadas durante varias década”, agregó.
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