Este es el cuarto año que Ecuador se mantiene en la lista de naciones no cooperantes en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó al país en esa lista en febrero del 2010, luego de que una misión estableciera que no se cumplía con 48 de las 49 recomendaciones para controlar esos delitos.
La respuesta del Gobierno en ese entonces no se hizo esperar. El presidente Rafael Correa dijo que la sanción era una retaliación por los convenios que se habían firmado con Irán. “Cómo es posible que por restablecer relaciones con Irán se nos ponga en una lista, se nos diga que somos sospechosos de lavado de activos y financistas del terrorismo. Quién puede aceptar esa mentira, no somos colonia de nadie”, dijo.
Esa posición vehemente también se evidenció el año pasado. En octubre, el presidente Correa dijo que está totalmente de acuerdo con la penalización del lavado de activos, pero “lo que molesta es la amenaza y el chantaje realizadas por entidades como el GAFI”.
Ese mes, el GAFI decidió mantener a Ecuador en la lista de países con deficiencias en la lucha contra los dos delitos. Esto, porque días antes la Asamblea Nacional aprobó, en primer debate, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica ambas infracciones.
Justamente esa nueva ley es la que los representantes del país mostraron como uno de los mayores logros en la reunión del GAFI que concluye mañana. Una comitiva, encabezada por el procurador Diego García y el fiscal Galo Chiriboga, se encuentra allí desde el sábado pasado, exponiendo los avances del Ecuador. Y se espera que el país sea excluido de la lista en una próxima cita.