En Turi, provincia de Cañar, se inaugurará un centro de rehabilitación social en noviembre de 2014. El lugar está diseñado para 2 800 privados de la libertad. Con esto se espera que hasta diciembre Ecuador sea “un país con cero hacinamientos en cuanto a número de camas”, según indicó la ministra de Justicia, Lady Zúñiga, en entrevista con la agencia Andes.
Con este nuevo centro, el país contará con 26 000 plazas más. Sin embargo, Zúñiga señala que aún falta inversión para poder mejorar las viejas infraestructuras y que las Personas Privadas de la Libertad (PPL) tengan acceso a procesos de verdadera rehabilitación.
La ministra añadió que en 2014 se cerraron cinco cárceles, en 2015 se cerrarán tres más y entre 2016 y 2017 otras dos, esto debido a la pésima infraestructura de los centros de rehabilitación.
Asimismo indicó que se implementará el sistema de brazaletes electrónicos. “Esto facilitará que las personas privadas de la libertad por delitos menores, mujeres embarazada, y personas con enfermedades terminales cumplir sus sentencias en casa”.
Para Zúñiga el tema de los brazaletes es apremiante, ya que por cada persona con esta medida cautelar se utilizan tres policías, cada uno con un sueldo mensual de USD 900, lo que representa un gasto diario de USD 90. “No solo es el costo, sino cómo se está perdiendo un agente que ha sido formado para otras funciones, sus conocimientos están subutilizados”.
En el Código Orgánico Integral Penal consta que existen condiciones que se deben cumplir para usar los brazaletes, como en la protección de víctimas y testigos, por delitos de violencia intrafamiliar, mujeres embarazadas, mayores de 65 años y con enfermedades incurables o en etapa terminal que hayan sido procesados.
Para el 2015 se implementarán entre 2 500 y 2 700 brazaletes. La idea es que 1 600 personas salgan de los centros de rehabilitación y 900 o 1 000 personas no ingresen a estos sitios.