
El organismo responsable del sistema carcelario completó el registro biométrico carcelario de más de 38 mil personas privadas de la libertad en el país.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) anunció la culminación del censo nacional en todos los centros de privación de libertad del Ecuador.
Este proceso técnico alcanzó un total de 38 179 registros de personas privadas de la libertad (PPL), marcando un hito en la gestión de la información penitenciaria nacional.
Para ejecutar este levantamiento de datos, la institución implementó un sistema digitalizado que incluyó la captura de registros biométricos y la creación de fichas electrónicas individuales.
El resultado es una base de datos centralizada que busca proporcionar una visión actualizada y fiable del sistema. Esto permitirá que la toma de decisiones institucionales se base en información verificada y no en estimaciones.
El censo revela que el hacinamiento no solo es una cifra estadística, sino una crisis operativa que limita la capacidad de control del Estado. Con una tasa de ocupación del 136,40 %, los centros penitenciarios enfrentan una presión extrema sobre su infraestructura, lo que imposibilita la separación adecuada de la población privada de libertad según sus niveles de riesgo.
Ante este escenario, las autoridades reconocen que el nivel de hacinamiento del 36,40 % es el principal obstáculo para implementar los protocolos de seguridad y salud identificados tras el censo. La saturación de los espacios de reclusión, evidenciada por el incremento superior a los 6 000 presos respecto al 2022.
La base de datos consolidada permitirá al SNAI profundizar en el conocimiento de la población carcelaria en Ecuador desde múltiples dimensiones. Entre los indicadores analizados constan:
Este insumo estadístico, tanto cuantitativo como cualitativo, está diseñado para identificar nudos críticos y áreas que requieren atención urgente en términos de seguridad, salud, tratamiento penitenciario y asesoría jurídica.
El uso de tecnología digital no solo optimiza la clasificación de las PPL según niveles de riesgo, sino que también refuerza los mecanismos de trazabilidad y control.
Según el SNAI, este esfuerzo forma parte de una transformación institucional orientada a recuperar la gobernabilidad de los centros. La digitalización permite una administración más transparente, facilitando la distribución de recursos y el diseño de políticas de rehabilitación social basadas en la eficiencia operativa.