
La Asamblea Nacional se encuentra en la fase final de análisis de un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra quienes recluten, utilicen o involucren a niñas, niños y adolescentes en actividades vinculadas al crimen organizado. Esta iniciativa, presentada en enero de 2026 por la asambleísta Valentina Centeno (ADN), espera la elaboración del informe para el segundo y definitivo debate.
La propuesta surge en un contexto marcado por el avance de estructuras criminales y el incremento de la violencia en Ecuador. Este fenómeno llevó al Gobierno de Daniel Noboa a reforzar sus políticas de seguridad y combate al crimen organizado. El proyecto plantea una reforma integral de diez cuerpos legales con el objetivo de crear un marco normativo que permita prevenir, sancionar y erradicar el reclutamiento de menores por organizaciones delictivas.
Además, la iniciativa incorpora la propuesta presentada en diciembre de 2025 por la asambleísta Annabella Azín (ADN), denominada Ley Orgánica para la Prevención, Desintoxicación y Reinserción Integral de Niños, Niñas y Adolescentes frente al Consumo de Drogas y el Reclutamiento Delictivo. Esta norma busca establecer mecanismos de prevención, atención temprana, rehabilitación y reinserción social.
Entre las reformas se contempla ampliar las competencias de los municipios en materia de seguridad, programas deportivos y espacios recreativos. Un cambio relevante se encuentra en las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que modifica el artículo 127 para aumentar la pena por reclutamiento de menores en conflictos armados o grupos armados. Las penas pasarían de diez a trece años a un rango de 22 a 26 años.
A pesar del endurecimiento significativo propuesto, especialistas en derecho penal consideran que esta medida no resolverá el problema fundamental. José Cárdenas, abogado penalista, advirtió que el derecho penal actúa solo cuando el daño ya ocurrió. “El derecho penal es reactivo”, explicó, sugiriendo que las soluciones deben enfocarse en fortalecer las condiciones sociales que rodean a niños y adolescentes.
Alfredo Espinosa, analista político, señaló que el endurecimiento puede responder a una demanda ciudadana inmediata frente al aumento de la violencia. Sin embargo, advirtió que las soluciones a largo plazo requieren una intervención más amplia del Estado. “La formulación de políticas públicas no puede basarse exclusivamente en elementos coercitivos”, afirmó.
Más allá del endurecimiento de penas, la propuesta incorpora medidas preventivas como el bloqueo de contenido digital orientado a promover la captación de menores por organizaciones criminales. También se fortalecerá el rol de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos.
El proyecto se encuentra actualmente en la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. Si existe voluntad política, podría aprobarse rápidamente. “En un escenario ágil, en aproximadamente un mes la ley podría estar vigente”, concluyó Cárdenas.