Diana Salazar, fiscal General del Estado, presentó hoy, viernes 16 de octubre del 2020, sus observaciones sobre el proyecto de Ley de Extinción de Dominio que se tramita en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
La fiscal General del Estado, Diana Salazar, presentó hoy, viernes 16 de octubre del 2020, sus observaciones sobre el proyecto de Ley de Extinción de Dominio que se tramita en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea.
Salazar planteó que el proceso de extinción de dominio de bienes de origen ilícito sea imprescriptible, sin importar el proceso penal y delito del que provengan, además que la fase de investigación patrimonial que realice la Fiscalía tenga una duración de hasta dos años.
“La privación de la libertad no es ya la forma más idónea para contrarrestar eficazmente a este tipo de criminalidad, puesto que una de las principales características de estas estructuras es que sus miembros, cuando son capturados, son rápidamente reemplazados, lo que hace que las organizaciones delictivas sigan generando ganancias y continúen ejerciendo sus funciones con normalidad”, apuntó.
Salazar advirtió, sin embargo, que el proyecto no especifica cómo se aplicaría la figura de la retrospectividad, lo que podría afectar al principio de legalidad. La norma debe ser clara y determinar cuándo un procedimiento es aplicable, para que no quede al arbitrio de juzgadores ni genere inseguridad jurídica, acotó.
Por otra parte, advirtió que al momento la Fiscalía General no cuenta con el presupuesto necesario para cumplir de forma inmediata con la creación de las Unidades Especializadas en Extinción de Dominio, que abarca la propuesta.
“En Ecuador contamos con una tasa de 4.9 agentes fiscales por cada 100 000 habitantes, lo que implica que primero se debería suplir la brecha existente y junto con esto incorporar las nuevas unidades y profesionales”, dijo.
Salazar sugirió a los asambleístas que se incluya una transitoria de por lo menos seis meses hasta que entre en vigencia esta ley. “Durante este tiempo la Fiscalía tendrá la oportunidad de capacitar a los funcionarios, de proveer el personal necesario y adecuado”.
A su vez, dijo que se debe “buscar el mecanismo para que estos bienes, una vez que ingresan a las arcas del Estado, no se diluyan (…). Se debería también señalar ese porcentaje que se debe destinar para fortalecer la lucha contra la corrupción” en las instituciones competentes, anotó.
También estaban convocados funcionarios del Consejo de la Judicatura, pero no se presentaron, lo que ocasionó malestar en los comisionados. Previo a la elaboración del informe para el segundo debate será convocada la Procuraduría del Estado.