La carrera de Diana Salazar tuvo notoriedad por investigaciones de alto perfil. En 2016 lideró el proceso por lavado de activos en contra del expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, dentro del caso FIFA Gate.
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Posteriormente, halló elementos en contra del exvicepresidente Jorge Glas en la trama de corrupción Odebrecht, cuyas conclusiones derivaron en un proceso asumido por el entonces fiscal Carlos Baca.
Diana Salazar y los casos de connotación como fiscal
Ya en funciones como fiscal general, encabezó o dio continuidad a procesos sensibles como Sobornos 2012-2016, Las Torres, Balda, Hospital de Pedernales, y más recientemente Metástasis, Purga, Plaga, Pantalla e Independencia Judicial, que vinculan redes de corrupción entre políticos, empresarios y grupos del crimen organizado.
Diana Salazar inició su trayectoria en la Fiscalía General del Estado en 2001 como asistente de fiscal. Fue ascendiendo en distintos cargos hasta convertirse en fiscal titular en 2011.
En 2016 ganó visibilidad pública al liderar la acusación en el caso FIFA Gate, que terminó con una sentencia de 10 años de prisión para Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por lavado de activos.
Su actuación en ese caso le valió reconocimiento institucional y respaldo para asumir investigaciones de mayor complejidad.
Ya como fiscal general, desde 2019, impulsó procesos de connotación nacional. Uno de los más emblemáticos fue el caso Sobornos 2012-2016, que concluyó con la condena por cohecho del expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y otros exfuncionarios.
La Fiscalía demostró que se creó una red de financiamiento ilegal para campañas políticas mediante pagos en efectivo y cruce de facturas, a cambio de contratos públicos para empresarios.
Otro hito de su gestión fue el caso Metástasis, que reveló una estructura delictiva al interior del sistema judicial, con vínculos con el narcotraficante Leandro Norero.
La Fiscalía identificó a jueces, fiscales, vocales del Consejo de la Judicatura, funcionarios del SNAI y abogados que habrían operado para proteger los intereses del crimen organizado.
En noviembre de 2024, un tribunal de la Corte Nacional condenó a 19 personas, entre ellas el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán.
Reconocimientos, ataques y decisiones personales
Durante su administración, Salazar enfrentó intentos de juicio político en la Asamblea, críticas del Consejo de la Judicatura y denuncias que no prosperaron. El correísmo fue uno de sus principales opositores.
Pese a ello, recibió apoyo ciudadano y distinciones internacionales, como su inclusión en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time en 2024. Aunque se llegó a especular sobre una eventual candidatura presidencial, ella negó esa posibilidad.
Dos décadas de carrera construidas desde el interior de la Fiscalía
Diana Salazar inició su vida profesional en la Fiscalía General del Estado en 2001, como asistente de fiscal. Cinco años después fue promovida a secretaria y, en 2011, obtuvo el nombramiento de fiscal.
En paralelo, obtuvo títulos en Ciencias Sociales, Derecho y una maestría en Derecho Procesal. También se especializó en Derecho Penal Económico y Derechos Humanos.
Su nombre empezó a sonar en 2016, cuando procesó por lavado de activos al expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, dentro del caso FIFA Gate.
Al año siguiente participó en la investigación del caso Odebrecht Ecuador, vinculando al entonces vicepresidente Jorge Glas. Esa causa fue derivada a la Fiscalía General por tratarse de un funcionario con fuero.
Cierre de ciclo y salida del país
A sus 43 años, y luego de dar a luz a su segunda hija en Argentina. En su carta de renuncia expresó que su mayor satisfacción es haber cumplido con su deber, aunque también advirtió que “los mafiosos no le perdonarán” haberlos desenmascarado.
Anunció que dejará Ecuador por razones de seguridad, tras años de vivir bajo amenaza. Su última aparición pública fue en el caso En Familia, en el que se sentenció a familiares de la exasambleísta Bella Jiménez por concusión.
Con ese cierre simbólico, pone fin a un período que marcó un antes y un después en la institucionalidad de la Fiscalía ecuatoriana.
