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Un registro de sentencias de la Fiscalía sobre delitos cometidos por policías y militares muestra un cambio claro en lo que el sistema judicial logra resolver. Entre enero y marzo de 2024, 2025 y 2026, no solo varía el número de casos que llegan a sentencia, sino también el tipo de delito: mientras infracciones como armas, robo y receptación aparecen de forma recurrente.
La base no mide denuncias ni investigaciones, sino casos que ya llegaron a sentencia. Bajo ese filtro, los datos evidencian tres movimientos simultáneos entre enero y marzo de 2024, 2025 y 2026: una reducción sostenida en el número de procesos que se resuelven, una transformación en el tipo de delito que logra cerrar el ciclo judicial y una presencia marginal de infracciones graves en el corto plazo.
En términos comparativos, el sistema pasa de 2 092 sentencias en el primer trimestre de 2024 a 1 112 en 2025, una caída de 980 casos que equivale a casi la mitad del volumen inicial.
En 2026, el registro alcanza 238 procesos hasta el 23 de marzo. Aunque el corte no incluye el mes completo, la diferencia no se explica solo por calendario: el número de casos que llegan a resolución continúa por debajo de los niveles previos.
La comparación entre los tres años muestra que no se trata de una variación puntual, sino de un descenso sostenido en la salida de causas.
La diferencia entre 2024 y 2025 no solo reduce el volumen, redefine la escala operativa del sistema judicial. Pasar de más de 2 000 sentencias a poco más de 1 000 en el mismo periodo implica que cientos de procesos dejan de aparecer en la etapa final del ciclo penal.
Ese cambio no permite concluir que hay menos delitos cometidos por policías o militares, porque la base no registra ese universo. Lo que sí muestra es que menos casos logran completar el recorrido hasta sentencia dentro del trimestre.
En ese sentido, la comparación describe un sistema que reduce su capacidad de cierre en el corto plazo, independientemente de lo que ocurra en las etapas previas del proceso.
A pesar de la caída en el volumen total, hay un comportamiento que se mantiene estable en los tres años: predominan las sentencias condenatorias frente a las ratificaciones de inocencia. La proporción no cambia de forma visible en el tiempo, lo que indica que la variación está en cuántos casos llegan, no en cómo se resuelven.
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En los registros de 2026, por ejemplo, se observan decisiones condenatorias reiteradas en delitos como tenencia y porte de armas, receptación o robo, con presencia en días consecutivos y en provincias como Guayas, Manabí y Los Ríos.
Este patrón sugiere que los casos que alcanzan sentencia ya han superado filtros previos —investigación, formulación de cargos, juicio—, lo que reduce la probabilidad de absolución en esta fase.
En 2024, el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización aparece de forma recurrente y concentra una parte importante de los registros del trimestre. No es solo un delito presente, es el que estructura la estadística judicial en ese periodo.
En 2025 mantiene relevancia, aunque con menor volumen. Para 2026, ese protagonismo se reduce: el narcotráfico sigue apareciendo en la base, pero con menor frecuencia frente a otros delitos. La comparación no indica desaparición del delito, sino un cambio en qué tipo de casos logran cerrar el proceso dentro del mismo periodo.
En el primer trimestre de 2026, la base muestra una recurrencia sostenida de delitos como tenencia y porte de armas —incluidas sus variantes—, receptación y robo. A diferencia del narcotráfico, estos casos aparecen de forma continua, incluso en secuencias de días consecutivos, y en múltiples provincias.
Por ejemplo, hay registros repetidos de tenencia de armas en Guayas, Manabí, El Oro o Los Ríos, así como casos de receptación distribuidos en distintas jurisdicciones en fechas cercanas.
La diferencia no está solo en el tipo de delito, sino en su frecuencia dentro del trimestre: estos aparecen de forma constante, mientras otros no.
#ATENCIÓN | #CasoDepuraciónAzul: mediante procedimiento abreviado, 6 expolicías son sentenciados por el delito de #ComercializaciónDeArmas a grupos de delincuencia organizada. Aceptaron su participación en los hechos imputados por #FiscalíaEc.
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 24, 2026
Detalles ⬇️… pic.twitter.com/opTQUkwMgY
Cuando se observan delitos como asesinato, homicidio, violación o abuso sexual, el patrón cambia completamente. No hay recurrencia, no hay secuencias, no hay volumen comparable.
Los registros muestran casos puntuales —por ejemplo, de asesinato en provincias como Morona Santiago o Manabí—, pero sin repetición en el periodo analizado. A diferencia de los delitos de armas o receptación, que pueden aparecer varias veces en una misma semana, estos aparecen de forma aislada.
La diferencia más relevante no es cuántos casos hay de cada delito en términos absolutos, sino cómo se distribuyen en el tiempo dentro del trimestre.
Delitos como armas, receptación o robo aparecen de forma continua en la base, con múltiples registros en fechas cercanas.
En cambio, los delitos contra la vida o la integridad sexual aparecen de forma esporádica. Esa diferencia en frecuencia es la que marca el contraste entre tipos de delito dentro de la etapa de sentencia.
A pesar de los cambios en volumen y tipología, la distribución territorial se mantiene estable. Guayas aparece como la provincia con mayor número de registros en los tres años, seguida por otras como Pichincha, Manabí, Los Ríos, El Oro o Esmeraldas.
En los registros de 2026, por ejemplo, se identifican múltiples casos en Guayas en fechas cercanas y en distintos delitos, desde armas hasta receptación. Esto indica que el cambio no está en dónde ocurren los casos que llegan a sentencia, sino en qué tipo de delitos logran hacerlo.
Las fechas del registro muestran que hay resoluciones de forma continua durante el trimestre, incluso en días consecutivos. Esto indica que el sistema judicial mantiene actividad sostenida en la emisión de sentencias.
Sin embargo, esa continuidad convive con una reducción en el volumen total de casos que alcanzan esta etapa. Es decir, el sistema no deja de resolver casos, pero resuelve menos en comparación con años anteriores dentro del mismo periodo.
Información extra: Policía Nacional del Ecuador
Que existe una reducción sostenida en el número de casos que llegan a sentencia y un cambio en los delitos predominantes. El registro de la Fiscalía muestra que las sentencias pasaron de 2 092 en 2024 a 1 112 en 2025 y a 238 en 2026 (hasta marzo), evidenciando una menor capacidad del sistema para cerrar procesos en el corto plazo.
Tenencia de armas, receptación y robo. A diferencia de años anteriores, el narcotráfico pierde protagonismo en la etapa final del sistema judicial, mientras estos delitos aparecen de forma recurrente y continua en distintas provincias.
Porque menos procesos logran completar el ciclo judicial hasta la etapa de sentencia. La base analizada no mide denuncias, sino casos resueltos, lo que indica que el sistema judicial mantiene actividad, pero con menor volumen de causas que alcanzan resolución dentro del trimestre.
Tienen una presencia baja y esporádica en comparación con otros delitos. Casos como asesinato, violación o abuso sexual aparecen de forma aislada, sin la recurrencia que sí tienen delitos como armas o receptación dentro del mismo periodo analizado.
Principalmente en Guayas, seguido por Pichincha, Manabí y Los Ríos. La distribución territorial se mantiene estable en los tres años analizados, lo que indica que el cambio no está en la geografía del delito, sino en el tipo de casos que logran llegar a sentencia.
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