Ya no es pública. No está más en la Red. La única base de datos con estadísticas de siete delitos graves en Ecuador fue retirada de la web del Sistema de Información para la Gobernabilidad Democrática (Sigob).
Mas no es la única restricción. La morgue de Quito ya no proporciona datos de fallecidos, la Policía Judicial, que era fuente tradicional de información estadística de delitos, ahora pide remitirse al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), y en este los datos aún son reservados, a causa de su “sistematización”, según explican. La isla es el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana (OMSC), pero su información es exclusiva de Quito.
Es preocupante que entre enero y febrero el OMSC reportara en la capital 1 910 delitos contra personas, mientras que el Sigob (Gobierno) diera cuenta de 1 235 en igual período (675 menos). ¿Qué pasa con las cifras del delito? ¿Quién vigila que nadie vaya a caer en la tentación del maquillaje?
Ese blindaje de los datos de la violencia no había sido práctica de Carondelet. En septiembre, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) destacó que el Régimen no editó la información de su informe sobre cultivos ilícitos en el país y que, por el contrario, hasta financió el estudio.
La Unodc no duda. En sus estudios señala cómo Venezuela ya no proporciona cifras de homicidios, así como Bolivia la de cultivos ilícitos.
No; no es cuestión de crear una veeduría. La Unodc atribuye a Venezuela la tasa más alta de homicidios en la región. La propaganda, sin planes que se sustenten en indicadores reales -interpretados en un debate público y responsable-, no es suficiente para hacer frente a la violencia.