Daniel Salcedo vuelve al centro del debate político y judicial tras su comparecencia

Daniel Salcedo compareció en la Asamblea, pero sus declaraciones no tienen efecto legal y exponen vacíos en el sistema político, según juristas.

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Daniel Salcedo acudió el pasado 17 de julio de 2025 a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Afirmó que una red creada junto a Xavier Jordán operó desde 2015 en el sistema de salud pública, ganando contratos con apoyo de funcionarios que modificaban términos de referencia para favorecer a sus empresas. Esa estructura, dijo, generó ganancias por al menos 15 millones de dólares.

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Señaló que esos recursos se usaron para financiar campañas políticas, mencionando a la Revolución Ciudadana, y también para planear el asesinato de Fernando Villavicencio.

Salcedo aseguró que su vida corre peligro por lo que sabe y que los atentados contra él y su hermano ocurrieron por esa razón. Entregará documentación de respaldo en 10 días.

Las declaraciones de Daniel Salcedo no constituyen cooperación eficaz ni prueba judicial válida

Edison Guarango, abogado constitucionalista, explicó que las declaraciones hechas ante la Asamblea no se pueden considerar cooperación eficaz.

Ese mecanismo exige un procedimiento formal dentro de una investigación penal, regulado por el Código Orgánico Integral Penal, lo cual no se ha aplicado en este caso. Lo dicho por Salcedo sirve para una fiscalización política, pero no para un proceso penal.

Guarango recordó que las funciones de la Asamblea y de la Fiscalía son distintas. La Asamblea puede ejercer control político, pero no sustituye la labor investigativa del sistema judicial.

Dijo que estas comparecencias muestran un vacío normativo, ya que se permite que personas condenadas participen en debates sobre temas judicializados sin los controles propios de un proceso penal.

Instrumentalización del testimonio y cálculo político detrás de la comparecencia

José Cárdenas, abogado penalista, afirmó que el testimonio de Salcedo no tiene efecto legal, pero sí puede usarse como insumo político. Explicó que no genera consecuencias judiciales directas, pero puede justificar decisiones del Gobierno. Dijo que se está utilizando a Salcedo para construir un discurso y dar sustento a futuras acciones.

Cárdenas advirtió que no existe una obligación legal para que los legisladores denuncien lo que escuchan en comparecencias. Aun así, cualquier asambleísta, el presidente de la Asamblea o el titular de una comisión pueden presentar una denuncia.

Esa decisión, señaló, responde a cálculos políticos y no a mandatos jurídicos. Añadió que estas audiencias, que no exigen pruebas ni contradicción, deben entenderse como un mecanismo de presión política más que jurídica.

Guarango indicó que la Constitución establece un principio de coordinación entre funciones del Estado. Eso permite que la Asamblea solicite colaboración a otras instituciones, incluso para convocar a personas privadas de libertad.

Sin embargo, advirtió que esas comparecencias no están reguladas con precisión y generan situaciones de ambigüedad institucional.

Señaló que este tipo de intervenciones deja espacio para que se manipulen fines políticos sin que existan mecanismos claros para validar o descartar lo que se dice. Según el constitucionalista, ese vacío normativo permite que las declaraciones de una persona sentenciada se utilicen fuera del contexto judicial, sin garantías de control ni exigencias procesales.

Consideró que esta situación puede trastocar la separación de funciones y que deja mucho a la interpretación política, lo cual, a su criterio, debilita el debido proceso penal.

La denuncia ante Fiscalía es posible, pero responde a una decisión política

Guarango explicó que la Comisión de Fiscalización puede remitir lo dicho por Salcedo a la Fiscalía a través de una denuncia.

Esa acción se basa en la figura del notitia criminis, que permite activar una investigación con solo el relato de un hecho. También se puede enviar un informe con indicios de responsabilidad penal, como lo hace la Contraloría en sus auditorías.

Cárdenas recalcó que ese tipo de acciones no dependen de lo dicho por Salcedo, sino del interés político que exista. Afirmó que los legisladores no tienen la obligación de denunciar, pero sí pueden hacerlo si buscan posicionarse públicamente como actores contra la corrupción o si quieren usar el testimonio para sustentar otras decisiones del Gobierno.

Los testimonios sin valor jurídico sí pueden afectar la institucionalidad

Para Cárdenas, las comparecencias como la de Salcedo no generan consecuencias legales directas, pero sí pueden afectar la estabilidad institucional.

Considera que el uso de testimonios de personas condenadas en espacios políticos para sostener decisiones del Ejecutivo o del Legislativo puede debilitar la confianza ciudadana en la separación de poderes.

Aclaró que el riesgo no es jurídico, sino político e institucional, pues se desdibujan los límites entre las funciones del Estado.