Anomalías en contratos de Hospital del IESS desde el 2015; se ‘inventaban’ emergencias para adjudicación directa
Agentes de la Policía y Fiscalía allanaron el miércoles el hospital del IESS-Guayaquil. Foto: Fiscalía
La incursión policial registrada el pasado miércoles 3 de junio del 2020 dejó al descubierto a una presunta red delictiva que aparentemente actuaba desde el 2015 en el hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo-Guayaquil.
Tras los operativos, este Diario cruzó información con los fiscales y conoció que las indagaciones relacionadas con las compras de insumos médicos con posibles sobreprecios arrancaron antes de la pandemia del covid-19.
En los últimos 10 meses, agentes de la Fiscalía han recopilado información y rastreado a posibles responsables. Los indicios apuntan a nueve personas. Ahora, todos están procesados penalmente por presunto peculado y delincuencia organizada. Se les atribuye un perjuicio para el Estado de USD 15 millones.
Solo en un expediente se menciona una afectación de USD 3,1 millones. Compras de insumos y de medicamentos se concretaron por USD 5,8 millones, pero los agentes que analizaron las licitaciones calculan que el precio real debió ser de USD 2,7 millones; es decir, en este caso se investiga un posible sobreprecio del 114,8%. Funcionarios del hospital y contratistas están señalados.
Según Fiscalía, los sospechosos participaron en al menos cuatro contratos que se adjudicaron entre abril y diciembre del 2018.
César Suárez es el fiscal del caso y dice contar con evidencias que demuestran que funcionarios del Hospital se “inventaban” supuestos estados de “emergencia” para adjudicar de forma directa a contratistas determinados. De esta forma, evadían los controles de contratación pública.
¿Irregularidades desde hace cinco años?
Los investigadores aseguran haber encontrado indicios de anomalías en compras efectuadas desde el 2015. Según las pesquisas, detrás de esto estaría una estructura delictiva integrada por funcionarios de alto y mediano rango que se dedicaban a “agilitar las compras de forma irregular”.
Por eso también se rastreó un posible delito de delincuencia organizada. Los sospechosos están presos desde el miércoles 3 de junio. En ese expediente aparecen cinco personas. Dos de ellas ya están vinculadas a las investigaciones por peculado.
Los fiscales que indagan este proceso dicen que desde el 2015 existió un perjuicio económico de USD 11,9 millones.
Entre las evidencias que reposan en el expediente están informes investigativos que realizó la Unidad de Inteligencia Antidelictiva de la Policía.
Oficiales de este último organismo participaron en las detenciones de los implicados.
Según reportes policiales, los sospechosos fueron capturados en inmuebles ubicados en sectores de Guayaquil como La Garzota, Puerto Santa Ana y Vernaza Norte. Los allanamientos se extendieron a sitios privados, en las vías a Daule, Samborondón y Salinas.
Otro documento que consta en el expediente judicial es un informe de responsabilidades penales que la Contraloría General realizó a las compras del Hospital del Seguro Social.
Allí se indica que en el período comprendido entre el 1 de enero del 2015 y el 30 de junio del 2018, el Hospital del IESS realizó 19 contrataciones con el carácter de emergencia por un monto total de USD 20,8 millones. Pero los medicamentos fueron encontrados en las bodegas, sin ser usados.
Por eso, la Contraloría asegura que no se justificaron las supuestas emergencias y que los “funcionarios responsables” adjudicaron las compras a intermediarios, “algunos relacionados entre sí”, y no a distribuidores directos.
Además, “no demostraron el origen lícito de los medicamentos ni entregaron la nómina de sus socios o accionistas, su formación profesional, experticia y actividad económica relacionada con medicinas y protección de salud”. Estos detalles se encuentran incluidos en el informe oficial.
La Contraloría señala que hay responsabilidades penales de 15 funcionarios del hospital. Uno de ellos es un exgerente de esta casa de salud. Según la Fiscalía, él habría sido detenido durante los operativos del miércoles pasado. Pero su nombre no está dentro de las nueve personas que fueron procesadas recientemente.
Este Diario consultó con la Fiscalía y confirmó que no fue arrestado y que hubo una “equivocación en los nombres” de los capturados.
El exgerente es parte de una lista de personas que están prófugas. Las autoridades fiscales ya han enviado a los controles migratorios sus datos para evitar la salida del país.
Actualmente, la Fiscalía también analiza todos los procesos que el Hospital del IESS ejecutó durante la emergencia sanitaria por el covid-19.
La investigación al expresidente Bucaram
La madrugada del miércoles 3 de junio del 2020 la denominada Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía allanó el domicilio del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, en Guayaquil, como parte de la investigación relacionada con la compra de insumos médicos para el Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil, durante la emergencia sanitaria de este 2020.
En el inmueble se encontraron cajas con insumos médicos (según la Fiscalía, alrededor de 5 000 mascarillas y 2 000 tests de pruebas rápidas para covid-19), que fueron incautados como evidencias e ingresadas en cadena de custodia. En este caso, la Fiscalía investiga un presunto delito de peculado.
El expresidente fue detenido ese 3 de junio y procesado pero por otro caso: el hallazgo de un arma de fuego y municiones sin documentos durante el allanamiento a su casa.
Por la noche, en la audiencia de formulación de cargos, el juez de garantías penales Ismael Figueroa dictó arresto domiciliario para Abdalá Bucaram, con base en el pedido de la Fiscalía. Se consideró que el procesado tiene 68 años y problemas de salud.
En contexto
El 1 de junio pasado, la Fiscalía General del Estado anunció la creación de una Fuerza de Tarea Multidisciplinaria para investigar casos de corrupción. El organismo está integrado por fiscales y policías.
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