Los policías tratan de explicar lo que acaba de suceder. Parados en el parque central de San Pablo de Lago, una parroquia de Otavalo, hablan del altercado en una Unidad de Policía Comunitaria. Es miércoles 28 de enero del 2020; 11:00. Este Diario llega para constatar cómo están las relaciones entre ellos y las comunidades, cuatro meses después del paro de octubre.
“No son de las mejores”, dice un policía. Luego habla Inti Maldonado, un agente kichwa de 26 años. Cuenta que una hora antes tres personas llegaron a la UPC de la comuna La Compañía y lo presionaron para que se fuera. Dijeron que no querían a nadie allí.
En el parque da más detalles frente a Joffre García, un coronel de Policía que viajó de Otavalo apenas se enteró. Le cuenta que tras la amenaza cerró la UPC de La Compañía y llegó a San Pablo del Lago.
Los uniformados saben que este tipo de cosas se han presentado desde octubre. Para mejorar la comunicación con los sectores indígenas, los comandantes ubicaron en el área rural a gendarmes de las mismas zonas, pero no ha habido resultados satisfactorios.
Ainicios de noviembre, cuatro agentes fueron atacados en Atuntaqui (Imbabura). Ocurrió en la población de Pilascacho, cuando en la madrugada los uniformados pidieron que terminaran una fiesta por la culminación de un campeonato de fútbol.
El personal que estuvo allí recuerda que un grupo de jóvenes ebrios lanzó botellas y dijo que no olvidan lo que hicieron en el paro. Un agente resultó con heridas en la cabeza por el impacto de una botella.
Gavino Guevara es presidente de los pobladores y reconoce el altercado, pero asegura que en la agresión no participaron los moradores de Pilascacho. “Fueron personas de otras comunidades indígenas que llegaron para el baile”.
El policía Inti Maldonado (derecha) cuenta lo que ocurrió en la UPC en Otavalo. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO.
Las relaciones entre la Policía Nacional y pobladores de comunidades indígenas, siguen complicadas luego del paro y movilizaciones de Octubre del 2019. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
Desde entonces, antes de entrar a ese territorio por las empedradas calles los equipos policiales informan por radio a su base y se trasladan en grupos.
Guevara indica que actualmente trabajan en conjunto para mejorar la seguridad y hacer frente a la delincuencia.
En el escritorio de García, que también maneja Pilascacho, hay hojas firmadas con peticiones de los líderes de los pueblos para que la Policía acuda a las comunidades.
Como parte de las estrategias para “limar asperezas”, la institución participa en las actividades preparadas por los indígenas.
Los policías, por su parte, presentan cada fin de semana ferias de seguridad en Otavalo y Atuntaqui. Así difunden el trabajo que realizan. El 14 de octubre, en la calle principal, organizaron una misa para pedir por la paz del país. Llegaron dirigentes indígenas de esta zona y la gente del pueblo.
García reconoce que aún hay “inconvenientes puntuales” en comunidades cercanas. Los policías que hacen patrullajes saben que no han podido detener a sospechosos cuando ingresan a Cerotal, Agualongo, La Esperanza, San Roque o Natabuela, porque los comuneros les niegan el acceso. Se basan en su derecho a la aplicación de la justicia indígena.
Desde el 2008, la Constitución (art. 171) reconoce la existencia de un “derecho propio” en territorios indígenas para la solución de sus conflictos.
“La Policía debe pedir autorización para actuar”, dice Manuel Catucuago, presidente de la Federación de Pueblos Kichwas. Él también reconoce “tensiones” tras el paro.
Se ha reunido con comuneros para recalcar la necesidad de trabajar en conjunto con la fuerza pública. Dice que esa es la posición de la dirigencia, pero que otro es el sentimiento de las bases. “Todavía hay dolor por la represión de octubre, por los heridos y los muertos”.
En la foto, la UPC de la Policía Nacional en la comunidad de Zumbahua. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO.
En Pujili, la UPC de la Policía Nacional fue atacada durante el paro de octubre del 2019 y los policías tuvieron que abandonar el lugar. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
En Cotopaxi ocurre lo mismo. Además de en las comunidades de Imbabura, EL COMERCIO también estuvo en zonas del centro del país. En Tigua la gente aún habla del paro y de las secuelas. El 24 de noviembre, los comuneros se enfrentaron verbalmente con funcionarios que instalaron una feria para entregar sacos de urea e informaron sobre el bono y la entrega de créditos.
El desencuentro provocó la salida del teniente político de Zumbahua. Hasta que nombren al titular, esa oficina es ocupada una vez a la semana por el teniente político de Guangaje, Luis Toaquiza.
Un patrullero se mueve por las calles del centro poblado. Ese servicio fue suspendido durante el paro. El vehículo quedó parqueado en la UPC y los policías asistían con uniforme a las asambleas que se realizaron en la plaza central.
Hoy, los uniformados dicen que en ocasiones reciben insultos, especialmente de los jóvenes. “Nos dicen que nos van a llevar a su sector, para que paguemos por lo del paro”.
Mario Castro, jefe policial que cubre esa zona, corrobora estos impases y asegura que aún hay inconvenientes para ir a comunidades de Zumbahua y Angamarca. “Hay puntos en los que, en realidad, no podemos mantener control, como en Cotopaxi. En otros sitios comenzaron a mejorar las relaciones”, dice el comandante de la Policía, Patricio Carrillo.
Para entrar a la comuna de Candela Fasso, un poblado que se ubica a una hora de Zumbahua, han tenido que pedir ayuda a los líderes locales. Allá se accede por caminos de tierra. Su gente dice que se sintió afectada con la eliminación del subsidio a los combustibles. En octubre, el precio del pasaje subió de USD 1,5 a 3 desde Latacunga a esta comunidad.
Manuel Cofre deja el azadón con el que remueve las papas y baja desde una loma. “Vea, no somos irracionales para atacar a quien ingrese acá, pero exigimos el respeto a la justicia indígena”. Él preside el pueblo y en su administración coordinó con la Policía capacitaciones para prevenir que la delincuencia aumente en lugar. De los militares no habla, porque ellos no realizan operativos.
En Cochapamba autorizaron el ingreso de los agentes. Pero las relaciones tampoco han mejorado por completo.