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Un tribunal sentenció a Danny Andrés A. M. a 17 años y cuatro meses de prisión por el homicidio de un padre y su hijo ocurrido en el centro de la capital. Los jueces aplicaron la pena máxima con agravantes tras determinar su responsabilidad directa en el crimen. El hecho ocurrió en una parada del sistema Trolebús y dejó dos víctimas mortales en el lugar.
Además de la condena privativa de libertad, la sentencia incluye el pago de una multa equivalente a 60 salarios básicos unificados y una reparación integral de 10 000 dólares para los familiares de las víctimas. La acusación logró probar la autoría del procesado y reconstruyó los hechos con base en pruebas técnicas y testimoniales.
El crimen se registró el 1 de noviembre de 2015 en una parada del Trolebús, en el centro de Quito. Ese día, el padre y su hijo esperaban el transporte cuando Danny Andrés A. M. ingresó al lugar con un arma de fuego. Sin mediar palabras, disparó contra ambos. Los impactos causaron la muerte inmediata de las dos víctimas.
Las investigaciones avanzaron tras el ataque y permitieron identificar indicios claros sobre la participación del agresor. En 2017, la Fiscalía General del Estado formuló cargos en su contra. Sin embargo, el procesado evitó a la justicia y permaneció prófugo durante varios años. Las autoridades lo capturaron recién en 2025, lo que permitió reactivar el proceso penal y llevar el caso a juicio.
Durante la audiencia de juzgamiento, el fiscal sustentó la acusación con varios elementos. Presentó los testimonios de testigos presenciales que estuvieron en la parada al momento del ataque. Incorporó el acta de levantamiento de los cadáveres y las autopsias médico-legales, que confirmaron que ambas muertes se produjeron por heridas de arma de fuego. También expuso el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y la inspección ocular técnica, que ayudaron a reconstruir la secuencia del crimen.
El tribunal evaluó este conjunto probatorio y concluyó que existía responsabilidad penal directa. Para la sentencia, los jueces aplicaron el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona el homicidio con penas de 10 a 13 años de prisión. En este caso, la condena se agravó por la circunstancia prevista en el artículo 47, numeral 14, que se configura cuando una sola infracción afecta a varias víctimas. Esa condición elevó la pena hasta el máximo permitido por la ley.