29 de October de 2011 00:01

La compra de renuncias originó ayer malestar en empleados penitenciarios

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Hablaban una y otra vez por teléfono. Eran tres guías penitenciarios que en la mañana llegaron a trabajar pero no pudieron hacerlo. Parados en las afueras del ex penal García Moreno (centro de Quito) decían que personal del Ministerio de Justicia les hizo firmar un acta y fueron notificados de la compra de sus renuncias.

“No sabemos qué hacer. Yo, por ejemplo, estoy embarazada de cinco meses y ni eso han tomado en cuenta”, dijo una guía que contaba haber trabajado 14 años en el sistema penitenciario.

Uno por uno los custodios notificados salieron del complejo penitenciario, donde funcionan las cárceles 2, 3 y el Centro de Detención Provisional (CDP).

Ninguna persona ajena a las cárceles podía entrar en las oficinas. “Están haciendo lo que les da la gana. No nos dan la oportunidad de defendernos”, dijo otro guía que firmó la compra de renuncia. Policías y militares custodiaron la puerta del complejo carcelario. El Ejército comenzó a custodiar el lugar desde el jueves y ayer llegaron temprano.

Unos 50 soldados se formaron frente al penal. Estaban armados con toletes, escudos, cascos y trajes negros antimotines. El mayor Pablo Garzón dijo que la orden es custodiar los exteriores de la prisión. Él es comandante del grupo, pero ayer dijo que no podía dar más información. En las oficinas administrativas del García Moreno también hubo hermetismo.

A las 10:30, dos vehículos comenzaron a moverse. De la cárcel salieron varios funcionarios.

Uno de ellos dijo que no son voceros oficiales del Ministerio de Justicia. Pero allí se dijo que el organismo que maneja el tema es Relaciones Laborales.

“Esas son las personas que nos notificaron de la renuncia”, dijo un carcelero e indicó a los empleados de Justicia. “Yo trabajo 20 años aquí y ahora lo único que nos dicen es que la salida es por orden del presidente (Rafael) Correa”.

El 7 de julio pasado, el Presidente de la República firmó el Decreto 813 y estableció que “las instituciones del Estado podrán establecer planes de compra de renuncias obligatorias con indemnización (...) debidamente presupuestada”. Se dijo que esto se debe a una “reestructuración, optimización y/o racionalización”.

Los carceleros no sabían cuánto recibirán de indemnización. Pero en el Decreto se señala que los servidores tendrán derecho a recibir cinco salarios básicos unificados por cada año de servicio.

Hasta la tarde de ayer, los dirigentes penitenciarios no sabían cuántos guías han sido notificados, pero en el Penal se aseguró que salieron unos 20. “El lunes nos vamos a reunir y tendremos información”, señaló el dirigente nacional Ricardo Solís.

Desde inicios de año, los guías penitenciarios fueron sometidos a exámenes médicos, físicos y psicológicos. En Quito, inicialmente los trabajadores se negaron.

Uno de los notificados dijo que eso influyó para que se firmen las renuncias. “Dicen que las listas fueron elaboradas por los directores de las cárceles”, señaló.

En la mañana, en las afueras del Penal hubo tensión. Junto a los militares también se desplegaron policías. Los patrulleros iban y venían. Igual ocurría con las patrullas motorizadas.

En instantes, cuando el personal del Ministerio de Justicia dejó el lugar también se retiraron los soldados. El mayor Garzón dijo que en la tarde también darán resguardo al lugar. Cuando los soldados se retiraron, únicamente quedaron policías.

Las evaluaciones

El 11 de   abril pasado comenzó la última etapa del proceso de selección de los nuevos integrantes al  cuerpo de  seguridad y vigilancia  penitenciaria.

Los aspirantes acudieron   a las instalaciones de Inteligencia Militar, en   Conocoto, vía antigua a Amaguaña. Allí  realizaron ejercicios físicos, como  abdominales, flexiones de pecho. Los dirigentes nacionales dicen que en el país existen unos 1  300 guías.

 El 17 de junio se  incorporaron 90 nuevos guías,  en Quito.   Durante dos meses, el grupo recibió capacitación intensiva. Otros 96 también  terminaron su preparación   en Guayaquil.

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