El Colegio de Abogados del Guayas (CAG) ocupa un espacio en la Corte de Justicia del Guayas desde 1972. Sin embargo, mediante decreto ejecutivo 933, el presidente Rafael Correa mandó a que entreguen las instalaciones que ocupan en el edificio público.
Según el mandato con fecha 9 de noviembre, el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) le solicitó que considere la salida del gremio. El argumento era que la presencia del CAG en el edificio “no beneficia las actividades judiciales, ni contribuye a su seguridad”.
Además de que “se han ingresado y sacado bebidas alcohólicas”, “se ha irrespetado personal policial” y que “existen problemas con un equipo audiovisual que transmite videos musicales estridentes e inapropiados”.
El secretario del CAG, Pedro Granja, negó todos los argumentos del CJT. Además explicó que en el decreto ejecutivo no anulan el mandato del ex presidente Jaime Roldós, donde donó ese espacio a los abogados “a perpetuidad”. Bajo ese argumento, Granja sostuvo que la decisión de Correa “carece de validez jurídica”.
Aunque los agremiados ya fueron notificados, Granja dijo que no saldrán del lugar. Sin embargo, en el mandato de Correa dispone que el CJT “podrá solicitar a la Policía Nacional la asistencia necesaria para el cabal cumplimiento del presente decreto”.
La decisión del Presidente alude a un gremio crítico al Régimen. El CAG expuso supuestas irregularidades en el proceso judicial del Presidente contra diario El Universo.
Además denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el CJT no tiene validez jurídica debido a que entre sus miembros está Fernando Yávar, quien no cuenta con la experiencia laboral suficiente para el cargo según el CAG.