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El Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó a un juez de Manabí y levantó la suspensión a un juez nacional, ambos acusados de presunto acoso sexual, informó la institución este jueves 23 de octubre de 2025.
El CJ destituyó al juez del Tribunal de Garantías Penales de Chone, en la provincia de Manabí, identificado como F. H. A. Z. y levantó la suspensión al juez de la Corte Nacional de Justicia, D. I. J. C., ambos acusados de presunto acoso sexual.
El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió este 23 de octubre de 2025 la destitución del juez del Tribunal de Garantías Penales de Chone, en la provincia de Manabí, identificado como F. H. A. Z., tras ser señalado por acoso sexual en el ámbito laboral.
Durante la sesión ordinaria N.º 097-2025, se detalló que el 13 de julio de 2025 el juez envió desde su teléfono personal a una colega un video de contenido sexual explícito, acompañado de un audio con expresiones ofensivas y misóginas.
Las investigaciones confirmaron que el material audiovisual se originó en el dispositivo del funcionario, luego de que se practicaran peritajes técnicos y se obtuviera un certificado emitido por una operadora de telefonía celular.
El Consejo de la Judicatura concluyó que estos hechos constituyen un agravio directo a la dignidad de una servidora judicial y afectan el prestigio institucional del órgano jurisdiccional. Por tal motivo, dispuso la destitución del juez y anunció que el caso será remitido a la Fiscalía General del Estado, ya que los actos analizados podrían configurar un delito.
Asimismo, la resolución será notificada al Ministerio del Trabajo, debido a la inhabilidad especial para ejercer cargos públicos que genera esta sanción disciplinaria.
El Consejo de la Judicatura (CJ) informó que la investigación disciplinaria iniciada contra el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), D. I. J. C., por presunto acoso sexual, permanece abierta y continúa su curso conforme a Derecho.
El CJ precisó que, en el marco del debido proceso, el 21 de octubre de 2025 se levantó la suspensión temporal de tres meses sin sueldo que pesaba sobre el servidor judicial desde el 21 de julio. Esta medida, aclaró la entidad, no significa el cierre del expediente disciplinario, sino que fue necesaria para preservar la integridad de la investigación y evitar interferencias del juez, quien por su posición jerárquica podría influir en testigos, víctimas o subordinados.
Como parte del proceso, el Pleno del Consejo de la Judicatura nombró el 16 de octubre a tres veedores titulares y tres suplentes encargados de dar seguimiento al caso. Posteriormente, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario convocó a los veedores a una mesa de trabajo el 22 de octubre, y un día después, la presunta víctima rindió su versión, dentro de la fase de presentación de pruebas.
El CJ recordó que, según el artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, una acción disciplinaria de este tipo prescribe en el plazo de un año. En este caso, el sumario se inició el 15 de septiembre de 2025, por lo que el Consejo de la Judicatura cuenta con tiempo suficiente para emitir una resolución definitiva sobre la responsabilidad o no del juez sumariado.
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