Íñigo Salvador, decano de la Facultad de Jurisprudencia PUCE. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO
Íñigo Salvador Crespo es jurista, catedrático y actualmente Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica en Quito.
Dice que todo el accionar de las autoridades en el caso de los cubanos es una violación a los DD.HH. Sostiene que la motivación para actuar así fue “sacarse de encima cuanto antes el problema y también quedar bien con sus colegas de Cuba”.
El miércoles, las autoridades deportaron a los últimos 46 cubanos que estaban retenidos en Ecuador sin documento migratorios. Pero el caso desató una discusión sobre el cumplimiento de los principios de libre movilidad y ciudadanía universal que se contemplan en la Constitución. ¿Qué sucedió con el respeto a estas figuras?
Lo que sucedió durante esta semana fue que la historia le pasó factura al Gobierno de la Revolución Ciudadana.
¿Por qué?
Porque no se puede legislar, y menos a nivel constitucional, sobre la base de novelerías, como la ciudadanía universal. Cuando en Montecristi se adoptó eso estábamos pensando en proteger los derechos de nuestros migrantes.
Pero eso está bien…
Está bien, pero el problema es que cuando uno está pensando en relaciones internacionales, eso debe ser de doble vía. Es decir, si yo exijo para mis ciudadanos políticas de puertas abiertas y libre movilidad yo también tengo que hacer lo mismo. Este Gobierno estuvo dispuesto a aquello, pero cuando abrió las fronteras vio que se produjo una avalancha de ciudadanos de Nigeria, Bangladesh, China… Muchos arribaban con el único propósito de hacer del Ecuador un trampolín probablemente para irse a EE.UU. o a Brasil. Por eso se puso visa nuevamente para nueve naciones.
Entonces, se han ido modificando las reglas. ¿Qué no se tomó en cuenta?
No se tomaron en cuenta las medidas de protección. Todos los Estados buscan proteger a sus ciudadanos e imponen restricción a la migración. No hay Estados en el mundo que tengan políticas absolutas de puertas abiertas. Y si los hay son contados con los dedos de la mano. Eso no midieron los ideólogos de la Revolución.
¿Qué hacer entonces?
Mire, los principios de la ciudadanía universal y la libre movilidad es una desiderata. Es decir, es lo que el mundo debería ser, pero que no puede ser dadas las circunstancias que se viven en el momento.
Pero Ecuador se muestra pionero en esta materia.
Es que ese es el tema. Uno se puede mostrar pionero en temas como los derechos de la naturaleza que está muy bien y eso no repercute inmediatamente en la vida, en el acceso a las fuentes de trabajo, en la competencia por las escuelas, en la seguridad pública, como sí ocurre con la migración. En este tema uno se muestra pionero y pasa lo de los ciudadanos de Cuba. Lo triste de todo esto es que quienes han terminado pagando son personas absolutamente inocentes.
¿Qué camino le queda seguir al Ecuador, cuando los países se blindan más por temas de seguridad? EE.UU. es un ejemplo de eso después del 11-S.
Precisamente la libre movilidad fue una reacción a esas políticas migratorias que se iban endureciendo en el resto del mundo a raíz del 11-S. Querían proteger a los ecuatorianos en el extranjero. Entonces todo fue producto de la novelería inspirada en la necesidad de que a nuestros migrantes se les trate de una manera más equitativa afuera. Pero cuando llegan personas de otros países sucede lo de los cubanos; son deportados.
Ahora, este tema de los isleños develó un aspecto: en el país está vigente una Ley de Migración de 1971 que incluso le da mayor potestad a un ente político por encima de los jueces…
En derecho, los actos del Ejecutivo, cuando afectan a alguien, pueden ser apelados a la justicia. Pero aquí es al revés. Con la ley de Migración, la resolución de los jueces, en un caso de deportación, es sometida a control del Ejecutivo.
¿Por qué no han cambiado esa Ley de Migración?
Porque se dieron cuenta que la Ley de 1971 era una herramienta más útil. La han mantenido, porque les permite hacer cosas como estas (retorno de los isleños a su país).
¿Qué hacer con esa ley?
Esa ley es inconstitucional y los jueces y las autoridades no deberían aplicarla. Por eso digo que lo hecho en el caso de los ciudadanos cubanos es inaudito. En todos los pasos se han vulnerado derechos. Se les metió en los mismos calabozos que los delincuentes. No se tramitó la apelación. Los llevaron por Latacunga, porque en Tababela se había preparado una protesta.
¿Todo esto puede traer repercusiones posteriores para el Ecuador?
Probablemente este caso vaya a instancias internacionales y el país puede perder. Entonces, al próximo Gobierno, sea de la tendencia que sea, le va a tocar pagar una indemnización a estas personas.
Pero hay más cubanos que están entrando al país a través del río Napo y de forma irregular. ¿Qué hacer con los dos principios constitucionales?
El Gobierno tiene que sincerarse. Si tenemos las fronteras abiertas hay que ser consecuente con esto. Les vamos a recibir a todos quienes quieran venir y les vamos a ayudar para que continúen su camino.
¿Pero qué hacer con estos dos principios?
La ciudadanía universal y libre movilidad son utopía, utopía pura. Hay que tomarlo como tal y dictar normas acordes con lo que interese al país.
