30 de August de 2012 00:03

Un celular fue clave en caso Quiñónez

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Una llamada que realizó Jaime ‘La Bestia’ Quiñónez horas antes de su muerte fue el indicio que llevó a la Fiscalía a ubicar y detener a ocho personas presuntamente vinculadas al asesinato del ex boxeador, el 14 de julio en un restaurante.

Así lo reveló la mañana de ayer el fiscal Esteban Ballesteros, durante la audiencia de formulación de cargos contra siete de los sospechosos. En la audiencia, el Juez XXI de Garantías Penales, David Lasso, dictó la prisión preventiva de siete detenidos.

Dos de ellos se acogieron al silencio en la diligencia en la Policía Judicial. Los otros aseguraron no haber tenido nada que ver en el crimen de Jaime Quiñónez.

La noche del crimen, un hombre acompañaba a Quiñónez cuando dos personas irrumpieron en la mesa donde se encontraban y dispararon al ex deportista en un restaurante de la av. 6 de Diciembre y Veintimilla, en Quito.

El hombre, quien es testigo protegido de la Fiscalía, contó en una versión que el día anterior al crimen Quiñónez se había comunicado algunas veces con un amigo a quien él no conocía.

Este, dijo, que aquel amigo le había pedido al ex boxeador que asistiera al restaurante. A las 17:16 del 14 de julio, Quiñónez llamó a ese amigo desde el celular de su acompañante, confirmándole que estaría en el lugar. Dos horas después de esa llamada, se perpetró el crimen.

Con el número, que quedó registrado en el celular, la Fiscalía solicitó a las operadoras telefónicas un reporte de llamadas. En este constaba que entre las 16:00 y las 20:30 del día de los hechos ese número había tenido comunicación con tres celulares.

Una de las radiobases (antenas que transmiten las llamadas) por las que se canalizaron las llamadas cubre el sector de la av. 6 de Diciembre y Leonidas Plaza y la otra, las calles Ramón Roca y Reina Victoria, lugares cercanos al restaurante, sostuvo Ballesteros.

A través de las operadoras también identificaron a Meder S. como el usuario de uno de los números. En las investigaciones se ubicaron también ocho domicilio y, con la autorización de un juez, un equipo de policías vigiló y siguió a los sospechosos, dijo el fiscal. De la misma forma establecieron que el número al cual había llamado Quiñónez antes de su muerte “presumiblemente” pertenecía a John C., también detenido en los operativos.

Otros dos números fueron identificados como “presumiblemente” pertenecientes a Ediberto G. y a Devinson V. El último no ha sido detenido en los operativos.

Por la relación de llamadas y los movimientos de los sospechosos el fiscal dijo que se estableció que estos tenían comunicación continua entre sí y con otras personas, antes, durante y después del día de los hechos, y se los detuvo.

Jhoana V., una de las arrestadas, aseguró que el 13 y 14 de julio pasados había visitado a su esposo, que está preso en el CDP. Héctor Z. afirmó haber llegado a Quito de Colombia el 10 de julio pasado y que el día de los hechos había estado con Jhoana, quien es su cuñada, en el CDP.

José F. aseguró que tenía documentos que probaban que había estado preso desde el 12 de mayo hasta el 13 de agosto último. Su abogado presentó una copia de una resolución de un Tribunal.

Ediberto S. y Jhon C. se acogieron al silencio. Meder S. dijo que el día del crimen había estado tomando en La Mariscal y que nunca había conocido a Quiñónez. Y Milton R. sostuvo que le llamaron para hacer carreras.

Luego de la audiencia, José Serrano, ministro del Interior, afirmó que los sospechosos formaban parte de una supuesta banda de sacapintas. Según él, un octavo detenido tendría difusión roja de la Interpol por estafa y que a él se le realizaría otra audiencia.

Carmen Zambrano, madre de tres de los cuatro hijos de Quiñónez, dijo alegrarse por las capturas. “Pero al mismo tiempo lloramos porque con las detenciones no se repara lo que pasó, Jaime no va a volver a la vida”.

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