La audiencia de formulación de cargos dentro del caso Triple A, que involucra a Aquiles Alvarez, fue diferida por 48 horas. La decisión fue tomada por la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada en delitos de corrupción y crimen organizado, con el fin de que la Fiscalía General del Estado (FGE) reciba y analice los recursos de aclaración y revocatoria presentados por los procesados. La resolución se emitió el 13 de marzo de 2025.
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Los procesados entregaron distintos anexos en fechas previas. El 10 de marzo, el procesado César Emilio B. I. presentó documentos, mientras que el 11 de marzo lo hicieron Juan Dionisio A. S. y Carolina del Rocío T. C.
Posteriormente, el 13 de marzo, Lady Juliana C. T. ingresó un recurso de aclaración. En atención a estos requerimientos, el juez Jairo Alejandro García ordenó el traslado de los documentos a la FGE y dejó sin efecto la audiencia de vinculación programada para este 14 de marzo.
Postergación de la audiencia del caso Triple A que involucra a Aquiles Alvarez
La audiencia de vinculación se encontraba agendada para la mañana del 14 de marzo de 2025. En esta diligencia se tenía previsto vincular a nuevas personas, entre ellas, Aquiles Álvarez, Juan Carlos A. T., Juan Dionisio A. S., Gloria María S. S., Rosa Marbella O. G., Edgar Moisés F. T., María Elisa C. E., Fausto Vinicio V. G., Olga Cecilia O. L. y Raúl Arnoldo Z. O.
Con el diferimiento, la Fiscalía debe evaluar los recursos presentados antes de continuar con el proceso.
Según la teoría fiscal, el caso Triple A involucra una red de empresas relacionadas con distribuidoras de combustible.
Las investigaciones sugieren que, de manera presuntamente irregular, se comercializaron grandes volúmenes de diésel subsidiado. Parte del combustible habría sido enviado a zonas mineras fronterizas sin cumplir con la regulación vigente. Esta situación, de comprobarse, podría haber generado perjuicios económicos al Estado.
Avances en la investigación y medidas cautelares
El caso Triple A se formalizó el 23 de julio de 2024, cuando la Fiscalía ejecutó varios allanamientos simultáneos en Guayaquil y Milagro. Desde entonces, el proceso ha enfrentado varias postergaciones. En diciembre de 2024, la entidad acusadora logró formular cargos contra los primeros implicados, luego de superar tres diferimientos y una audiencia fallida.
Entre los procesados hay tanto personas naturales como jurídicas. Para los primeros, se dispuso la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante las autoridades dos veces por semana. En el caso de las empresas, las medidas incluyen la prohibición de enajenar bienes y acciones.
Con estas disposiciones, las autoridades buscan evitar posibles afectaciones a la investigación en curso.
