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En el caso Purga, Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) no logró salir de la cárcel de máxima seguridad La Roca.
Este miércoles 31 de julio de 2024, un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) negó su recurso de habeas corpus.
El tribunal de la CNJ estuvo conformado por los jueces Milton Velásquez, Iván Larco y María Terán.
La audiencia se inició desde la mañana de este miércoles y se retomó en la tarde.
La Fiscalía investiga el delito de delincuencia organizada y procesa a 25 personas, en el caso Purga.
Entre lágrimas, Pablo Muentes mostró su cuerpo vía telemática, dijo que los medicamentos no le hacen efecto y hace un mes está a la espera de un electrocardiograma.
Muentes dijo que sus defensas están bajas y está expuesto a enfermedades como el dengue, la tuberculosis y al VIH; y que debe comer cinco veces al día.
Su abogado, Diego Chimbo, manifestó que Muentes corre riesgo de sufrir un infarto por ser un paciente hipertenso y con dos cirugías bariátricas.
Además, Pablo Muentes bajó 65 libras en cuatro meses.
Pese a estos argumentos, los representantes de La Roca, el SNAI y el Ministerio de Salud dijeron que se ha garantizado el derecho a la salud del procesado.
El Ministerio de Salud agregó que el exasambleísta no acepta medicación genérica y se ha negado a consultas.
Por unanimidad, el Tribunal de la CNJ resolvió que el derecho a la salud de Pablo Muentes no ha sido afectado.
Así, negó el recurso de habeas corpus presentado por el procesado.
Muentes deberá ser trasladado a un hospital, para su revisión.
Según la Fiscalía General del Estado, Pablo Muentes compró jueces de la Corte de Justicia de Guayas con el fin de obtener fallos favorables.
Muentes y su esposa se beneficiaron de fallos judiciales para obtener una indemnización de casi 4 millones de dólares del Banco del Pacífico.
Esto, por “daños causados”, como resultado de una acción de habeas data contra la institución bancaria, en el que justificaron el pago de préstamos recibidos en 1989 y 1999, utilizando documentos de pago falsos y adulterados.
Además, a través de su intervención en las decisiones judiciales, el primo del exasambleísta, también investigado, se benefició de un habeas data.
Esta acción le permitió apropiarse de un terreno en Durán, valorado en 200.000 dólares, sin soporte documental que legitime la compra del mismo.
Utilizando el poder político, el exasambleísta habría logrado que se archiven cuatro sumarios administrativos, abiertos contra la expresidenta de la Corte de Guayas, María Fabiola G. R., también procesada.
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