
El caso de la estudiante universitaria, Nathaly Mafla, hallada sin vida en el sector de La Vicentina, registra un giro judicial clave. La defensa desmiente la tesis de suicidio y cuestiona algunas inconsistencias en el caso.
La investigación sobre la muerte de Nathaly Mafla, estudiante de 20 años de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), ha escalado formalmente a una indagación por presunto femicidio en la Fiscalía de Pichincha.
Tras la localización del cuerpo de la joven en una quebrada del sector de La Vicentina, en Quito, el pasado 9 de junio de 2026, la defensa de la familia señala que la tipificación de femicidio no solo es una respuesta legal, sino un “protocolo indispensable” para garantizar una investigación urgente y exhaustiva que los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas no pudieron agotar.
El cambio de enfoque legal responde a la necesidad de explorar todas las aristas de violencia de género. Según la defensa técnica de la madre de Nathaly, Paúl Vergara, esta figura legal permite una movilización más profunda de los recursos del Estado.
La familia rechaza categóricamente cualquier hipótesis vinculada a un suicidio o condiciones médicas preexistentes, calificando tales versiones como falsas y carentes de sustento.
Uno de los puntos más críticos de la investigación, que la familia exige esclarecer, reside en las contradicciones encontradas en las evidencias. El abogado Vergara ha subrayado la “diferencia abismal” entre el estado en que la joven fue vista en videos de seguridad —donde se la observa deambulando por el sector de La Vicentina— y las condiciones en las que fue hallado su cuerpo posteriormente.
La transición a la figura de femicidio responde a una adecuación técnica conforme a los elementos de convicción recabados. La Fiscalía basa este proceso en el Artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el femicidio cuando existe una muerte violenta de una mujer fruto de relaciones de poder y violencia de género.
La importancia de esta reconfiguración radica en la severidad de la sanción. El COIP establece para el femicidio una pena privativa de libertad de 22 a 26 años, mientras que, en el caso de homicidio va de10 a 13 años de prisión; una sanción que busca enviar un mensaje de cero tolerancia frente a la violencia contra la mujer en la sociedad ecuatoriana.
La investigación ahora se centra en determinar qué ocurrió tras las imágenes de seguridad donde se la veía deambulando por La Vicentina. “¿Hacia dónde fue? ¿Alguien le ayudó o alguien le asaltó?”, son las interrogantes que se busca responder en esta nueva etapa.
La próxima rendición de versiones de los testigos, incluyendo el amigo a quien la joven encargó su celular, se perfila como un paso decisivo para esclarecer si hubo participación de terceros en este hecho que ha conmocionado a Quito.
La defensa ha insistido en que el acceso a cámaras de vigilancia, el testimonio del amigo a quien la joven encargó su celular y la versión de al menos 10 personas que coincidieron en el campus son vitales.
Hasta el momento, las investigaciones continúan bajo reserva por parte de la Fiscalía. Mientras tanto, la familia de Nathaly Mafla, radicada en Ibarra, insiste en que las autoridades no descarten ninguna línea investigativa, incluyendo la posible participación de terceros en el deceso de la universitaria.