En la Corte Nacional de Justicia se reinstaló este lunes 5 de agosto de 2024 la audiencia de juzgamiento de cuatro policías : Mario C., Marcos V., Aurelio C. y Erick S. Ellos fueron acusados de presunto plagio y desaparición forzada de tres víctimas en una farmacia de Guayaquil en 2003.
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El tribunal, integrado por los jueces Felipe Córdova como ponente, Lauro de la Cadena y Julio Inga, anunciaron la resolución unánime tras el juzgamiento efectuado en abril pasado. El fiscal subrogante Wilson Toainga estuvo presente en la diligencia.
El tribunal de la Corte Nacional sentenció a 26 años de cárcel a los cuatro policías por la desaparición forzada de tres personas el 19 de noviembre de 2003. Además de las penas de prisión, se impusieron multas, la colocación de una placa conmemorativa y la creación de una unidad de derechos humanos en la Policía Nacional del Ecuador.
La sentencia se da 20 años, ocho meses y 15 días desde que ocurrieron los hechos.
Contexto del caso Las Dolores
En la mañana del 19 de noviembre de 2003, se produjo un intento de robo a una farmacia en la Ciudadela Alborada, al norte de Guayaquil. Un grupo de 20 policías, que pasaba por el lugar, se percató del hecho e ingresó a la farmacia.
Hubo un enfrentamiento armado que resultó en ocho muertos, todos identificados como los supuestos asaltantes. Entre las víctimas estaban José Cañar Reyes, Jazmani Rosero López, Raúl Salinas Chumacera y otros.
María Dolores Guerra Tábara y Iván Stalin Mata Valenzuela, familiares de dos de los desaparecidos, recibieron llamadas de sus parientes detenidos. Los desaparecidos fueron Johnny Elías Gómez Balda, César Augusto Mata Valenzuela y Erwin Daniel Vivar Palma. Las autoridades no informaron sobre estas detenciones. La única sobreviviente reportada fue Seydi Vélez Falcón.
Investigación y reportes
El 2 de diciembre de 2003, la Inspectoría General de Policía presentó un informe señalando mal procedimiento por parte de los agentes. No hubo autorización de los mandos jerárquicos, y no se racionalizó el uso de la fuerza.
La Comisión de Control Cívico de la Corrupción creó una veeduría para investigar el operativo. La veeduría concluyó que las armas de los supuestos delincuentes no fueron disparadas. Las víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente, muchas por la espalda.
Procesos judiciales
La Defensoría del Pueblo del Ecuador inició investigaciones de oficio. En abril de 2005, dictó una resolución que confirmó violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes policiales. No se racionalizó el uso de la fuerza, y no hubo enfrentamiento entre las víctimas y los policías.
La desaparición forzada de Johnny Gómez, César Mata y Erwin Vivar fue considerada un delito de lesa humanidad.
En los procesos judiciales, las acusaciones contra los desaparecidos y sus familiares no prosperaron. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una queja contra el Estado ecuatoriano por violación de derechos humanos.
