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La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) pidió que diez personas y nueve empresas sean llamadas a juicio por el presunto delito de lavado de activos en el caso Goleada.
La entidad se acogió a la acusación presentada por la Fiscalía General del Estado durante la tercera jornada de la audiencia preparatoria de juicio, el viernes 20 de noviembre de 2026.
Entre los procesados están el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, su madre, Gioconda María Henriques, y sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez. La UAFE también solicitó ratificar las medidas cautelares personales y reales que se encuentran vigentes.
La abogada Genesis Celi Rodríguez, representante de la UAFE, ratificó los argumentos expuestos por Fiscalía sobre la individualización de los procesados, el delito imputado y el grado de participación atribuido a cada uno.
La entidad expuso un presunto entramado empresarial y familiar que habría operado desde 2021.
Según su tesis, estaría relacionado con la comercialización ilegal de combustible y el ocultamiento patrimonial de recursos obtenidos ilícitamente.
La estructura societaria, según la exposición, estaría encabezada por Grupo Alva3 S.A. y vinculada con compañías como Ternape Petroleum, Corpalubri, Indudiesel, Copedesa, Operoil, Inmobiliaria Álvarez Hache, Fiorema y CHN.
Según la UAFE, las empresas adquirían diésel de Petroecuador bajo la declaración de destinarlo al sector naviero nacional o industrial.
Sin embargo, presuntamente lo desviaban y comercializaban a embarcaciones de bandera extranjera a precios internacionales, aprovechando el subsidio.
La entidad señaló que las transacciones habrían sido omitidas de la contabilidad y que los fondos se canalizaban mediante sociedades offshore en Panamá y transferencias entre compañías vinculadas.
Posteriormente, los capitales presuntamente se integraban mediante la compra de inmuebles y vehículos de alta gama.
Durante la exposición también se presentaron movimientos financieros relacionados con César Emilio Bravo Ibáñez.
Según la UAFE, recibió $ 519.102 en ingresos bajo relación de dependencia de cuatro empresas entre 2021 y febrero de 2025.
Además, constaría como beneficiario de 59 transferencias de Ternape por más de $ 400.000.
La acusación particular de la entidad incluyó a diez personas naturales y nueve jurídicas procesadas por el presunto delito de lavado de activos.
La UAFE pidió que se dicte auto de llamamiento a juicio y que se ratifiquen las medidas cautelares vigentes.
La audiencia se suspendió cerca de las 11:20 de este viernes, luego de que varios abogados solicitaran más tiempo para revisar los argumentos expuestos. El juez dispuso que la diligencia se reinstale el sábado 21 de noviembre, jornada en la que las defensas se pronunciarán sobre el dictamen fiscal.
Posteriormente, se fijará otra fecha para que las defensas presenten sus pedidos de exclusión probatoria.