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En el caso Decevale, el Tribunal condenó este jueves 18 de junio de 2026 a seis procesados por el delito de falsedad de información. Además, ordenó el pago de una multa millonaria en torno al desvío de fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).
A las 16:30 horas de este jueves, se reinstaló la audiencia de juzgamiento contra seis personas procesadas por la Fiscalía por su presunta participación en el delito mencionado. Tras cerca de cuatro horas de audiencia, el Tribunal resolvió declarar culpables a los seis procesados e imponerles una pena de seis años y ocho meses de prisión.
El fallo incluye el pago de 693 000 000 de dólares como reparación integral al Isspol. La Fiscalía General del Estado emitió un dictamen acusatorio contra doce procesados por falsedad de información, en el marco de la investigación relacionada con el Isspol.
El proceso se inició a partir de denuncias presentadas en septiembre y diciembre de 2020 por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros contra las compañías Decevale S. A. y Citadel Casa de Valores, debido a presuntas irregularidades en operaciones del mercado de valores.
Como parte de las diligencias, el 22 de junio de 2021 se ejecutaron once allanamientos en Guayaquil, Daule y Samborondón. En estos operativos se detuvo a siete personas y se incautaron equipos informáticos, dispositivos móviles y documentación relevante.
Según la investigación, Decevale S. A. habría suscrito contratos con compañías registradas en Panamá no autorizadas para operar en el mercado de valores. Además, la empresa habría celebrado un contrato de depósito con el Isspol, incumpliendo disposiciones legales y participando presuntamente como depositante, administrador y custodio.
La Fiscalía expuso que las operaciones habrían sido estructuradas para evitar su control por parte de las autoridades, generando una apariencia de legalidad. Se habrían cobrado comisiones por estas transacciones.
Además, se investiga la presunta falsedad en la información contenida en los estados de cuenta remitidos por Decevale al Isspol. En estos documentos se reportaba la tenencia de bonos que, en realidad, no constaban bajo su custodia. El presunto perjuicio económico superaría los 693 000 000 de dólares.
Durante la audiencia preparatoria, que concluyó el 28 de abril de 2026 tras trece reinstalaciones, el Fiscal presentó elementos que vinculan a los procesados con el delito investigado. Estos incluyen informes policiales, reportes bursátiles y auditorías.
Los tres primeros procesados se encuentran prófugos; por lo tanto, se solicitó a Interpol su localización y captura. En su caso, la etapa de juzgamiento queda suspendida. Para los demás procesados se mantienen medidas como presentación periódica ante la autoridad competente y prohibición de salida del país.
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