En el norte de Quito, los vecinos dicen que cerraron una de las calles porque se dieron asaltos a personas y a casas del lugar. Hubo cuatro casos en un año. Foto: EL COMERCIO.
La calle está vigilada siempre. Desde una vieja garita ploma de madera, un guardia observa a las personas y vehículos que ingresan allí. Por las noches, el paso se cierra con una fina cadena oxidada y nadie puede pasar sin identificarse.
Se trata de una vía ubicada en el barrio Cotocollao (norte de Quito). Los vecinos saben que los robos a casas registrados allí en un año obligaron a cerrarla y contratar un celador.
Una mujer de ese sector abre la puerta de su vivienda y no permite que le miren su rostro. Con temor, cuenta que allí se reportaron cuatro robos de viviendas en un año y que por eso decidieron obstruir el paso.
Los atracos ocurren de la misma forma: armados vulneran las seguridades e ingresan en carros para llevarse electrodomésticos, joyas o dinero.
Ese tipo de delito se llama estruche y el Ministerio del Interior dice que más del 25% de estos hechos a viviendas reportados en Quito se dio bajo esa modalidad. Por eso, la vecina dice que “lo mejor fue poner la cadena y cerrar la calle”.
Este fenómeno no es nuevo, pero ahora es recurrente y el Municipio de Quito reconoce que es un problema. Por eso, desde mayo se realizan controles en las ocho administraciones zonales para regularlo.
De hecho, en un operativo realizado en La Armenia (valle de Los Chillos) se detectó ocho vías cerradas por los moradores y se retiraron las puertas que impedían el paso.
Pero Juan Zapata, secretario de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio, aclara que en los vecindarios en donde se han dado asaltos a viviendas con violencia extrema sí se permite cerrar la calle por seguridad.
Así lo vivió una familia en el sector de La Armenia II. Hace dos meses, personas desconocidas armadas entraron a la casa para robar y maniataron a quienes estaban allí.
Se llevaron electrodomésticos y joyas. Luego, las víctimas pidieron que la calle de su barrio se obstruya.
Para Mario Noboa, exdirigente de la Confederación de Barrios de Quito, la gente cierra las calles por la falta de seguridad y porque la sensación de ser víctima de delitos es latente.
Pese a esto, un estudio publicado por la firma internacional Gallup, a finales de agosto de este año, muestra que Ecuador es uno de los países de América Latina de menos peligro y que la percepción ciudadana sobre la seguridad ha mejorado en los últimos cinco años.
Además, el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana refiere que el promedio de robos a domicilios ha disminuido.
Sensación de protección
Este Diario recorrió seis vías del norte y sur de la capital que fueron cerradas por vecinos. Una está en San Pedro Claver (norte). La propietaria de una peluquería del sector asegura sentirse más protegida cuando la calle está cerrada.
Ella trabaja desde hace cinco años y la vía ya estaba obstruida porque allí hubo ilícitos. Hace poco atacaron a una persona. “Le siguieron desde que sacó dinero del banco y no les importó que haya una puerta corrediza de metal en la calle. Le quitaron el dinero de forma violenta”.
En la ciudad no hay una ordenanza que regule el cierre de las calles. La Ley de Régimen Municipal (art. 2, segundo inciso) señala que solo se controla la adecuada ocupación del suelo y el control sobre el mismo con competencia exclusiva y privativa, así como de las construcciones, edificaciones…
El escenario de calles cerradas también se repite en Solanda y El Calzado, en el sur. María T. vive en el segundo piso de estos vecindarios y cuenta que en la calle Antonio Rodríguez se colocó una cadena que impide el ingreso de desconocidos.
Únicamente los vecinos de esa zona tienen las llaves para abrir el candado. La razón: especialmente en las noches había personas que ingresaban al sector en automóviles. Los moradores dicen que así asaltaban a transeúntes y esta fue la causa para que se cerrara la vía.