Camilo Ponce Enríquez es un cantón en la provincia de Azuay, en el sur de Ecuador. El lugar pasó de una aparente calma a ser el escenario de masacres y un punto de operación de organizaciones delictivas.
Apenas este martes, 13 de agosto de 2024, cinco personas fallecieron en un enfrentamiento violento y uno más, al llegar a un hospital en Machala. Tras el hecho, la Policía aprehendió a Edison Jahir C., Óscar Hernán Z., ambos de 26 años. Se sumó un adolescente de 14 años. No es la única masacre registrada.
Este 14 de agosto, la Fiscalía realizó diligencias por el asesinato de las seis personas, como parte del proceso de indagación previa. Los ciudadanos fueron encontrados en la mina La Tormenta.
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La Policía y los intentos de recuperar el control
Carlos Rivadeneira, comandante (s) de Policía de la subzona Azuay, informó que el 13 de agosto se conformó un bloque de intervención. Los efectivos tardaron dos horas y media en llegar al sitio donde se produjo un enfrentamiento entre organizaciones delictivas.
Las personas asesinadas presentaron señales de tortura y una persona fue calcinada.
El Comandante indicó que dos personas fueron identificadas y contaban con antecedentes penales. Confirmó que los enfrentamientos se deben a la pugna de poder por el territorio.
¿Qué hizo de Ponce Enríquez un epicentro de muertes violentas?
La actividad minera presente en el cantón ha generado una dinámica atada al delito. El lugar pasó de registrar labores artesanales a convertirse en una fuente de financiamiento para organizaciones delictivas.
Desde la Presidencia de Ecuador ya se ha mencionado que, durante años, el cantón Camilo Ponce Enríquez ha sido fuente de financiamiento de la organización terrorista Los Lobos.
En 6 de julio de 2024, por ejemplo, la Policía ejecutó un operativo denominado Fénix 246. El resultado fue seis personas aprehendidas, presuntamente integrantes de Los Lobos, quienes tenían en su poder varias armas de fuego y municiones.
Wilson Goyes, director de la Escuela de Riesgos de la UIDE, alude a que ese pronunciamiento deja en evidencia que el cantón azuayo ha sido tierra de nadie. Por eso, es imperante la reestructuración de las dependencias públicas.
El Experto habla de que los acontecimientos refieren que los grupos de delincuencia organizada han fortalecido sus bases con la permisibilidad y complicidad de los gobiernos de turno.
Eso ha permitido que ganen espacio para sus fechorías en sectores de producción de minerales para lavar dinero.
El cantón y la implementación del delito en menores
Esa dinámica, a su vez, ha desencadenado muertes atadas a disputas de poder y extorsiones. Katherine Herrera, experta en Seguridad Pública del Estado, explicó que Camilo Ponce Enríquez es una potencia para los grupos de delincuencia organizada.
En la minería ilegal encontraron una nueva arista para el delito. El tráfico de armas e, incluso, la trata de personas van de la mano.
En ese último punto, la experta refirió otra problemática más: la incorporación de menores. Esto se puede evidenciar en las detenciones que han hecho las fuerzas del orden, en su mayoría adolescentes de entre 14 y 16 años.
Mano de obra más barata, facilidad de manipulación e implementación de la doctrina delincuencial están entre los beneficios que encuentran las organizaciones en los niños y adolescentes. También se ha identificado que, en gran parte, hay personas que han llegado de otros puntos del país y del exterior.
Acciones tardías permitieron la expansión del delito
Katherine Herrera sumó al análisis que el Estado no logró identificar a tiempo que la minería ilegal se volvería una amenaza.
Los grupos delincuenciales aprovecharon y se apoderaron del lugar y empezó un juego de roles. ¿Cómo la comunidad podía enfrentarse a las organizaciones criminales?
En principio, las organizaciones ingresaron “brindando seguridad” a cambio de dinero a través de extorsiones. No obstante, luego identificaron los réditos de explotar los materiales minerales.
Camilo Ponce Enríquez se salió de las manos. Para Herrera, ahora el Estado tendrá que competir con los grupos de delincuencia organizada, pues, manejan la dinámica económica del cantón.
El control de las Fuerzas Armadas es el primer paso, de la mano de la Policía. Identificar la cabeza es la meta. “Hemos estado jugando al gato y al ratón, se captura solo a los operadores o militantes. Las cabezas no van a estar en los campos de minería”.
Acciones urgentes en Camilo Ponce Enríquez
Wilson Goyes planteó algunas medidas necesarias en el cantón Camilo Ponce Enríquez. El control en la venta y comercialización de explosivos es una de estas. Así como establecer nuevos procesos para el otorgamiento de concesiones mineras y el seguimiento y control.
A decir del catedrático se debería establecer una visión diferente de la minería, para que sea ejecutada por empresas que tengan altos estándares técnicos, operacionales, ambientales y responsabilidad social.
Establecer y reforzar los procesos para que la comercialización y venta del mineral sean solamente con las agencias del banco central in situ.
No obstante, Herrera amplió la tarea a las labores de inteligencia, seguir el rastro del dinero y desarticular desde el centro a la estructura criminal.
El Estado no solo debe atacar los focos de violencia, sino identificar sitios potenciales para la instalación de las organizaciones delictivas.
Los programas sociales son un eje transversal en Camilo Ponce Enríquez y en otros puntos críticos, como Guayas, Manabí y Los Ríos.
