Viviana Plúas se aloja desde hace tres semanas en la casa de una cuñada. La villa esquinera de dos pisos está casi al final de un callejón con hierba crecida, en el Suburbio de Guayaquil. La vivienda está a 10 cuadras de donde habita Nathali Ferruzola. A estas dos mujeres las une el dolor.
Viviana es la viuda del cabo segundo Cristian Cúñez, y Nathali estaba casada con el agente de Inteligencia Christian Granizo. Los dos policías fueron asesinados entre el 10 y 12 de enero pasados en la zona suburbana.
Pero Viviana (29 años) se pasa los días realizando los trámites para recibir las ayudas que el Gobierno le ofreció tras la muerte del policía. La mujer lleva a todos lados la carpeta donde están plasmadas las ofertas del ministro del Interior, Alfredo Vera. “Cada trámite que hago, cada papel que saco, es un gasto. Con mi cuñada debemos andar por todos lados con mis dos hijos, porque no tengo quién los cuide”.
Las viudas de los dos policías todavía no reciben la ayuda. Vera ofreció casas nuevas para ellas. Además, anunció la entrega de becas escolares y apoyo psicológico para los cincos hijos de los gendarmes. El policía Cúñez tenía cuatro hijos, de dos relaciones diferentes.
Vera hizo el ofrecimiento el 19 de enero pasado, cuando visitó en el hogar de los padres del agente Granizo, en las calles 23 y El Oro. Allí la Policía también anunció que se entregarían USD 78 000 para las mujeres, por concepto de montepíos, seguros de vida y mortuorios.
Viviana y Nathali coinciden en que la ayuda aún no se concreta. El drama es el mismo. Tras la muerte de los policías, tuvieron que mudarse a casas de sus parientes por temor a represalias.
El mediodía del viernes, Viviana acababa de abrir dos cuentas en una cooperativa para sus hijos Cristopher, de un año y medio, y Cristina, de seis. Son parte de los requisitos para acceder a los seguros policiales. “Son trámites interminables para obtener los documentos que acrediten la legalidad de los niños, la tenencia, la representación legal…”, dice la mujer. La cuñada explica que estos últimos trámites son necesarios porque Cristian, su hermano, murió soltero. “No estaban casados, solo convivían juntos”.
Ella no sabe nada de la vivienda que debía concretarse a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Cuenta que no le han dicho cuánto costará o si deberá buscar un terreno.
La viuda y su cuñada tampoco conocen del montepío. “Me han dicho que a mi hermano Cristian primero deben darle la baja para acceder al montepío. ¡Por dios, la baja se dio el día en que murió¡”, menciona indignada la cuñada. Según ella, el dinero se efectivizará en cuatro o seis meses. “¿Qué haré en todo ese tiempo, Cristian era nuestro único sustento”, agrega la viuda.
El panorama tampoco es alentador para Nathali. Recién se reincorporó esta semana a su trabajo de cajera en un banco privado. Sobre el tema prefiere no referirse. “Ya ha dicho lo suficiente a la prensa”, y dice que no ha sido bien tratada. Con su hijo Aidan, de un año, se cambiaron esta semana a la casa de su madre.
Los vecinos del sector comentan que la viuda decidió mantenerse en silencio por temor a posibles represalias. “Dicen que un ex policía está involucrado en los dos crímenes, hay mucho temor aquí por lo que intenten hacer”, menciona una señora de cabello rubio, desde un zaguán. En la barriada, rodeadas de casas deslucidas, los vecinos se quejan de la falta de patrullajes. Señalan que en la carpa instalada por la Policía se asignó a un motorizado, pero nunca hay nadie.
Carlos Granizo, padre del policía, afirma desconocer cuándo se concretará la oferta de casa nueva y bono. “Estamos concentrados en averiguar las investigaciones por el crimen de mi hijo”.