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Leonardo Toledo Torres, abogado que defendió a Mayra Salazar en el caso Metástasis, murió este martes 27 de octubre de 2026 en el sector de Sauces 2, en el norte de Guayaquil.
Según el reporte policial difundido sobre el hecho, agentes encontraron a Toledo sin vida en la vía pública y con heridas de bala. Las versiones preliminares señalan que los atacantes se movilizaban en una motocicleta y huyeron después de disparar.
La información difundida hasta el momento no precisa el móvil del crimen ni establece una relación entre el ataque y los casos en los que participó el abogado.
Toledo asumió la defensa de Mayra Salazar, quien trabajaba en comunicación institucional en la Corte Provincial de Justicia del Guayas cuando la Fiscalía la vinculó al caso Metástasis. La investigación examinó una presunta red de delincuencia organizada relacionada con el narcotraficante Leandro Norero y con funcionarios y operadores del sistema judicial.
En febrero de 2024, Toledo entregó a la Fiscalía una agenda pequeña, de color negro, para que ingresara en cadena de custodia. El abogado señaló entonces que el cuaderno contenía manuscritos que podían contribuir a la defensa de Salazar.
Salazar aceptó su responsabilidad en el delito de delincuencia organizada y firmó un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía. En julio de 2024, un juez le impuso 15 meses de prisión. La Fiscalía sostuvo que la información que ella entregó ayudó a esclarecer los hechos y a abrir otra causa vinculada con actos de corrupción en el sistema de justicia.
Parte de la información que Salazar entregó también alimentó el caso Purga. En junio de 2024, rindió testimonio anticipado en esa investigación, que examinó presuntas irregularidades en la justicia de Guayas.
El nombre de Toledo también apareció en una investigación previa que la Fiscalía denominó caso Implacable. El proceso surgió después de que se difundiera un supuesto audio entre Toledo y el abogado Juan Francisco Fierro. La Fiscalía investigó un presunto delito de tráfico de influencias y realizó diligencias para ubicar a Toledo en julio de 2024.
La información publicada sobre esa investigación describió una indagación previa. Por tanto, esa mención no equivale a una sentencia ni permite atribuirle responsabilidad penal a Toledo.
El asesinato ocurrió dos años después de esos hechos. La Policía no ha divulgado, en el reporte citado sobre el ataque, si investiga alguna conexión entre el crimen y la actividad profesional de Toledo. La investigación deberá establecer quiénes participaron, cómo organizaron el ataque y cuál fue el motivo.
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